El Pleno del Congreso de la República desestimó las resoluciones legislativas que proponían la inhabilitación para el ejercicio de la función pública del expresidente Martín Vizcarra Cornejo y del expremier Vicente Zeballos Salinas, por su participación en la disolución del Parlamento ocurrida el 30 de septiembre de 2019.
La Resolución Legislativa 10977/2024-CR, que planteaba una inhabilitación por diez años contra el exmandatario por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución, obtuvo 61 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones, sin alcanzar el mínimo de 66 votos requeridos.
De igual forma, el Pleno rechazó la Resolución Legislativa 10975/2024-CR contra el expremier Vicente Zeballos, que proponía una inhabilitación de cinco años por los mismos hechos. La iniciativa logró 64 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, informó que ambos expedientes serán archivados, conforme a lo dispuesto por el reglamento legislativo.
Ambas resoluciones fueron el corolario de las Denuncias Constitucionales 384, 400 y 466, presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular), Patricia Chirinos (Renovación Popular) y el exlegislador Segundo Tapia, respectivamente. El informe final fue sustentado por María Acuña Peralta (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e integrante de la Comisión Acusadora.
Acuña señaló que Vizcarra, como jefe de Estado en 2019, habría incurrido en infracción constitucional al cerrar el Congreso sin seguir el procedimiento correspondiente, pese a que invocó el artículo 134 de la Carta Magna, el cual permite la disolución del Legislativo bajo ciertas condiciones.
Durante el debate, la Mesa Directiva consideró injustificada la ausencia de Vicente Zeballos, quien fue citado debidamente al Pleno. En contraste, el expresidente Vizcarra acudió junto a su abogado, Alejandro Salas, y se pronunció ante el Congreso.
“He venido para enfrentar una nueva persecución política. Desde que asumí el liderazgo del país, he sido objeto de ataques sistemáticos: me vacaron ilegalmente, me inhabilitaron arbitrariamente, me acusaron sin pruebas, me difamaron sin descanso”, declaró Vizcarra. Añadió que el cierre del Congreso fue una medida amparada en el artículo 134 y no una acción inconstitucional.
También se presentó el ex presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar Labarthe, acompañado por su abogado Luciano López. Del Solar calificó el proceso como “un juicio político que nunca debió iniciarse” y recordó que la disolución del Congreso ya fue evaluada por el Tribunal Constitucional, que en enero de 2020 validó su legalidad.
El caso de Del Solar fue finalmente archivado tras una cuestión de orden planteada por el congresista Roberto Sánchez Palomino (JP-VP), quien argumentó la caducidad de la acusación con base en el artículo 99 de la Constitución. Este artículo señala que solo se puede acusar a altos funcionarios hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones.
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