En el año 2024, el Ministerio Público recibió 1,900 denuncias por trata de personas a nivel nacional. Sin embargo, apenas 30 casos concluyeron con una sentencia condenatoria, lo que representa solo el 1.58 % del total. Esta cifra refleja una preocupante brecha entre la denuncia y la justicia, en uno de los delitos más lucrativos y extendidos del crimen organizado.
A pesar de los esfuerzos institucionales, la impunidad sigue siendo la norma. Cada año, unas 5,000 personas son víctimas de trata en el país. De acuerdo con estadísticas oficiales y de organizaciones especializadas, el 85% de las víctimas son mujeres y el 36.2 % son menores de edad, especialmente niñas y adolescentes.
El delito adopta diversas formas, aunque la más frecuente es la explotación sexual, que representa el 63.2 % de los casos denunciados. Le sigue la explotación laboral, con un 30.7 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La modalidad más común de captación es mediante falsas ofertas de trabajo, que engañan a personas en situación de vulnerabilidad.
Además de los bajos índices de sanción, preocupa la subdenuncia. Según el abogado penalista Mario Amoretti, muchas víctimas no se atreven a acudir a las autoridades por vergüenza, miedo a represalias o falta de confianza en la justicia. «Esa desconfianza generalizada se convierte en un obstáculo adicional que impide frenar este crimen», señala.
El impacto económico de la trata también es significativo: se estima que mueve más de 1,300 millones de dólares al año en el Perú, con una ganancia promedio de 28,875 soles por víctima, según datos de la ONG CHS Alternativo. Las regiones con mayor número de casos son Lima Centro, Lima Norte, Puno, Arequipa y Tumbes, lo que demuestra que se trata de un problema nacional, no solo de las zonas de frontera o selva.
A pesar de operativos interinstitucionales, como los 93 realizados por Sutran y la PNP en lo que va del 2024, la respuesta estatal aún es insuficiente. Expertos coinciden en que se necesita reforzar la persecución penal, pero también mejorar la atención a las víctimas y prevenir la captación.
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