En el Congreso se viene tramitando un proyecto de ley que tiene el propósito de crear un bono familiar de emergencia para jornaleros y trabajadores informales solo en el caso de crisis sanitaria o económica; así los beneficiarios van desde jornaleros en zonas rurales hasta mototaxistas, feriantes y recicladores; sin embargo, esto agravaría el déficit fiscal al demandar más recursos al Estado.
Se trata de la propuesta legislativa No 11804, presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, quien ingresó al parlamento bajo la bandera de Acción Popular; así con esta propuesta pretende ganar simpatía en la población más pobre, generando gasto al Estado; sin embargo, se conoce que el parlamentario afrontó investigaciones por ser un presunto “mocha sueldo”.
¿Quiénes recibirán el bono?
La propuesta del congresista Flores Ancachi señala que el objeto es establecer el Bono Familiar de Emergencia, el cual será una transferencia monetaria temporal en favor de personas sin contrato laboral formal, que se vean afectados por situaciones de emergencia sanitaria, crisis económica o desastres naturales, y que no cuenten con ingresos regulares ni acceso a programas de subsidios permanentes.
Entre los beneficiarios del bono, se detalla que serán los jornaleros rurales, vendedores ambulantes, madres solteras sin empleo formal, trabajadores de construcción civil sin contrato; así como mototaxistas, recicladores, feriantes y pescadores artesanales.
Para recibir el bono, estos trabajadores tendrán que estar clasificados como hogar pobre, pobre extremo o en situación de exclusión según el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
Además, la medida afirma que el bono será implementado a nivel nacional, priorizando las regiones y distritos con mayor índice de informalidad laboral, pobreza, desnutrición infantil o desempleo, conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del SISFOH.
¿Cuánto será el bono?
La propuesta legislativa señala que el bono tendrá un monto de S/ 400 mensuales, por un período de hasta 3 meses, prorrogables por decreto supremo según la duración de la emergencia.
Esto podría generar una dependencia de las personas más pobres con el gobierno de turno; así podría servir como una herramienta de control y chantaje para que los más necesitados no hagan reclamos legítimos e incluso no realicen movilizaciones; además aún cuando inicien acciones colectivas se les podría amenazar con retirarles el bono.
Además, se detalla que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en coordinación con gobiernos locales y plataformas digitales habilitará un registro simplificado con donde los beneficiarios tendrán que consignar una declaración jurada, validado con geolocalización y verificación posterior.
¿Con qué dinero se pagará el bono?
La iniciativa del congresista Ancahi señala que la implementación del bono será financiada con recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, donaciones, cooperación internacional y recursos del Tesoro Público habilitados para emergencias.
Por esto, la medida contribuiría a un manejo fiscal irresponsable del dinero público, ya que durante el año 2024 el déficit fiscal fue de un 3.6% del PBI, cifra que superó la regla fiscal establecida para ese año, el cual fue de 2% inicialmente, es decir se excedió en 1,6% puntos porcentuales al límite fiscal.
Al respecto la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERÚ) afirma que el gobierno de Dina Boluarte incumplió la regla fiscal por segundo año consecutivo, lo cual responde a un menor crecimiento de los ingresos fiscales, un mayor gasto público no financiero y una expansión de la inversión pública.
Comex también alerta que durante el 2024 los ingresos fiscales crecieron solo un 2.7% en términos reales, lo cual está por debajo del 4% proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2025-2028. Esto añadido a que la recaudación se redujo al 19.1% del PBI (0.5% menos que en 2023).
Esta organización también resalta que este tipo de gastos serán contraproducentes para el Perú ya que “sin una corrección oportuna, la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados pueden deteriorarse, lo que afectaría el acceso a financiamiento y limitaría la inversión a futuro”, afirma Comex.
Congresista “mocha sueldo”
En diciembre del 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que admite a trámite la Denuncia Constitucional 489 contra el congresista Jorge Flores Ancachi (PP), por la presunta comisión del delito de concusión, en grado de tentativa.
La acusación señala que Flores Ancachi habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal, y de la Comisión de Energía y Minas en el periodo 2022-2023, a que le entreguen el 10% de sus remuneraciones mensuales, y el 50 % de sus bonificaciones.
Otros reportes periodísticos de ese momento señalan que los trabajadores del despacho de este congresista señalaron haber sufrido el descuento de sus sueldos con sumas de hasta 7000 soles. Presuntamente, el legislador les exigía esto como agradecimiento por haberles conseguido un empleo en el Poder Legislativo.
¿Qué sigue?
Este proyecto de ley ingresó a trámite el día 30 de junio y a la fecha se encuentra en revisión por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República; así como la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad en el Congreso, tras lo cual será remitido al Pleno para su debate y aprobación.
Nota:
Este artículo se escribió en base al documento oficial del Proyecto de Ley N° 11804 y con reportes periodísticos e informe del ComexPerú.
Enlace 1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzA1Mzk4/pdf
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