Durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la promulgación de la nueva Ley General de Turismo, una norma que —según el discurso oficial— busca promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, al declararla de interés nacional y política prioritaria del Estado.
La norma fue presentada como el resultado de un trabajo coordinado entre el Parlamento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y los gremios empresariales del sector. En el acto participaron ministros, autoridades regionales y representantes del rubro turístico, en una puesta en escena que buscó mostrar consenso institucional.
Salhuana resaltó el compromiso técnico del Mincetur, así como los aportes de profesionales del sector privado y exministros.
“Esta ley nace de escuchar a quienes conocen la realidad del turismo”, dijo, asegurando que la norma se traducirá en empleo, inversión y crecimiento regional.
Zonas especiales y beneficios tributarios
Uno de los cambios más destacados es la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), espacios donde se ofrecerán condiciones preferenciales para la instalación de negocios, así como mejoras en infraestructura básica. La ley también establece incentivos tributarios que estarán vigentes entre 2026 y 2028.
Entre ellos, se permitirá a hoteles, restaurantes, agencias y servicios turísticos acelerar la depreciación de construcciones, lo que reducirá su carga tributaria. Asimismo, se establece una deducción del 50 % del gasto en servicios turísticos y artesanales y del 25 % en otros servicios vinculados.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) será responsable de ejecutar y verificar estos beneficios.
Poder centralizado y participación acotada
La norma ratifica al Mincetur como ente rector del sector, con competencias para formular políticas como el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur) y coordinar con gobiernos regionales y locales. Sin embargo, diversos analistas y voces del sector cuestionan que el papel de los actores locales siga siendo secundario.
Aunque se presenta como una ley de consenso, los anuncios se centraron en medidas para atraer inversiones privadas, dejando en segundo plano al turismo comunitario, rural y artesanal. No se detallaron mecanismos de consulta pública ni procesos participativos más amplios que incluyan a comunidades directamente involucradas en actividades turísticas.
¿Medida técnica o gesto político?
En medio de un escenario político inestable, la ceremonia fue también un mensaje de unidad entre el Congreso y el Ejecutivo. Salhuana hizo énfasis en la necesidad de estabilidad y articulación entre poderes del Estado como base para recuperar la confianza empresarial.
No obstante, más allá del acto oficial, el reto será verificar si esta ley se convierte en una herramienta real para el desarrollo del turismo a nivel nacional o si queda como otro intento de mostrar gobernabilidad en medio del desgaste político.
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