Al menos treinta grupos familiares trabajan actualmente en el Congreso de la República, según una investigación publicada por el diario El Comercio. El informe expone vínculos laborales entre esposos, hermanos e hijos de funcionarios parlamentarios que comparten planilla en distintas oficinas legislativas.
Este hallazgo refuerza las críticas sobre la falta de meritocracia en las contrataciones dentro del Parlamento. Debido a que el Congreso está excluido del régimen de la Ley Servir, sus contrataciones se realizan sin concursos públicos ni evaluaciones objetivas, lo que abre la puerta a ingresos por relaciones personales o políticas.
“Es un mal uso del poder de influencia”, declaró el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, quien recomendó que la Mesa Directiva adopte acuerdos internos para prohibir este tipo de contrataciones y garantizar procesos meritocráticos.
El informe también reveló que algunos trabajadores con lazos familiares no solo tienen salarios similares, sino que residen en el mismo domicilio, lo que complica aún más la transparencia de sus vínculos laborales.
La situación no es exclusiva de una bancada. Las contrataciones cruzadas se presentan en agrupaciones políticas de derecha e izquierda, lo que evidencia un patrón institucional que favorece el amiguismo y reduce el acceso a profesionales sin contactos políticos.
Según la última encuesta de Datum Internacional (junio de 2025), el 88 % de la ciudadanía rechaza la labor del Congreso, mientras solo el 8 % la respalda.
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