La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó este martes, con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de ley que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.
La iniciativa, presentada por el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular), propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para evitar que los legisladores puedan ser juzgados o detenidos durante el ejercicio de sus funciones, salvo autorización del propio Congreso o de la Comisión Permanente.
La propuesta fue respaldada mayoritariamente por representantes de Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, APP, Podemos Perú y Somos Perú, entre ellos Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión.
En contra votaron los congresistas Víctor Cutipa (JP), Ruth Luque (BDP) y Víctor Flores (Fuerza Popular). Cinco legisladores optaron por abstenerse, entre ellos José Williams (Avanza País) y Héctor Valer (SP).
El proyecto plantea que, en caso un congresista sea sorprendido cometiendo un delito en flagrancia, deberá ser puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente en un plazo máximo de 24 horas.
Las instancias tendrán hasta 30 días calendario para decidir si autorizan su detención y enjuiciamiento. Si no se pronuncian en ese tiempo, la autorización se entenderá como concedida de manera automática.
Sin embargo, diversas voces advierten que esta medida puede favorecer el blindaje político y obstaculizar la respuesta inmediata ante delitos evidentes.
“La figura permite que incluso en casos flagrantes haya una pausa política antes de actuar judicialmente. Esa ventana puede usarse para proteger intereses”, alertó un abogado penalista consultado.
Otro aspecto controversial es que, si bien la norma indica que solo la Corte Suprema podrá procesar a los congresistas por delitos comunes durante su mandato, también aclara que no se aplicará retroactivamente, es decir, los congresistas podrán ser investigados por la Fiscalía por hechos ocurridos antes de 2026.
La reforma, que modifica una medida eliminada en el año 2020 tras múltiples escándalos de corrupción, aún debe pasar por el Pleno del Congreso y ser aprobada en dos legislaturas para entrar en vigencia. Sin embargo, su avance en la Comisión ya ha encendido las alarmas entre sectores que ven en esta medida una regresión en la lucha contra la impunidad.
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