El Congreso de la República continúa con una serie de proyectos de ley que buscan desaparecer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El último de estos propone la transferencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), una medida aprobada el 15 de abril por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta propuesta obliga al traslado de los CEM, incluidos sus presupuestos, archivos, personal y bienes inmuebles, lo que tendría graves consecuencias para la atención de las víctimas de violencia de género y sexual.
Los CEM son los encargados de brindar atención integral a mujeres y familiares víctimas de violencia, proporcionando servicios como defensa legal gratuita y apoyo psicológico. A nivel nacional, existen 433 CEM, que han atendido casos de feminicidio y violencia sexual, especialmente en menores de edad.
En 2024, los CEM atendieron 233 casos de tentativa de feminicidio y más de 32,000 casos de violencia sexual, la mayoría de ellos en niños y adolescentes. El traslado de estos centros y sus recursos al MINJUSDH podría significar un recorte significativo en el presupuesto del MIMP, afectando gravemente la atención a las víctimas de violencia.
Este proyecto ha sido impulsado por congresistas de Perú Libre y del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, quienes proponen la creación de la Superintendencia de Defensa Pública (Sudepb) bajo el Minjusdh. Aunque la Defensoría del Pueblo y el propio MINJUSDH han mostrado su apoyo, el MIMP no ha sido consultado, lo que pone en peligro la atención especializada para las víctimas de violencia.
Además, el régimen de Dina Boluarte ha respaldado el desmantelamiento del MIMP, como lo demuestra la propuesta de fusionarlo con el MIDIS. Esta fusión ha sido rechazada por diversas organizaciones feministas y exministras del MIMP, quienes consideran que representa un retroceso en los derechos de las mujeres.
Recientemente, el cambio de nombre del programa Aurora a Warmi Ñan ha sido percibido como una estrategia para facilitar la absorción del MIMP por el MIDIS, lo que podría debilitar aún más la atención a las víctimas de violencia.
Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, advirtió que la eliminación de los CEM significaría la pérdida de una de las pocas instancias especializadas en la atención a víctimas de violencia.
Las reformas propuestas por el Congreso no buscan fortalecer estos servicios, sino destruirlos. El futuro de la protección a las víctimas de violencia de género en Perú está en peligro, y las decisiones políticas actuales podrían poner en riesgo avances cruciales en derechos humanos.
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