El coronel PNP en retiro Harvey Colchado presentó al Congreso una propuesta legislativa que busca fortalecer la lucha contra la extorsión mediante la creación de un nuevo tipo penal que sancione la producción, posesión y difusión de mensajes extorsivos, incluso cuando las víctimas no presentan denuncia por temor a represalias.
La iniciativa plantea modificar el artículo 200 del Código Penal, que actualmente tipifica la extorsión como un “delito de resultado”, es decir, solo se configura cuando la amenaza logra condicionar efectivamente a la víctima. Según Colchado, esta limitación “genera impunidad estructural, pues la sola existencia de audios, mensajes o fotografías amenazantes no permite formular imputaciones penales sin la intervención de la víctima”.
El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) advirtió que este vacío legal impide a la Policía Nacional y al Ministerio Público actuar de oficio ante evidencias de extorsión. “Este vacío es gravísimo; por eso, el proyecto busca que todo aquel que produzca o posea material extorsivo pueda ser neutralizado de inmediato, cortando la cadena criminal antes de que cause más daño”, escribió en su cuenta en la red social X.
La propuesta fue formalizada mediante la Carta N° 02-2025-HJCH/EP, remitida el 9 de octubre al entonces presidente del Congreso, José Jerí Oré, bajo el asunto “Propuesta legislativa para enfrentar la ola extorsiva mediante la incorporación del delito del peligro por mensajes extorsivos”.
En el documento, Colchado advierte que la ola de violencia derivada de actos extorsivos exige la adopción de medidas legislativas serias y viables que otorguen a las autoridades herramientas efectivas para frenar la criminalidad.
“Aprovechando el temor de las víctimas, las organizaciones criminales someten a la población a amenazas y violencia sistemática, generando una regularidad delictiva que en un Estado democrático no puede seguir tolerándose”, señala.
El proyecto busca convertir la extorsión en un “delito de peligro abstracto”, de modo que el solo hecho de producir o almacenar mensajes extorsivos constituya un acto punible. Esta modificación permitiría intervenir antes de que se concrete la amenaza o se cause un daño material o físico, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a una de las modalidades delictivas de mayor expansión en los últimos años.
De aprobarse la propuesta, la Policía Nacional y el Ministerio Público podrían actuar sin esperar una denuncia, agilizando las investigaciones y evitando que los casos queden impunes por el miedo de las víctimas.
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