Para ganar un poco de popularidad, el gobierno de Dina Boluarte busca declarar de necesidad pública e interés nacional diversas obras de infraestructura vial en múltiples departamentos, autorizando expresamente la expropiación de bienes inmuebles necesarios para su ejecución, bajo el argumento de «reducir brechas de infraestructura» y «mejorar la conectividad» a nivel nacional, entre ellos se encuentra el reemplazo del puente de San Francisco.
Se trata del proyecto de No 12119 iniciativa, firmada por la Presidenta de la República, quiere expropiar terrenos a nivel nacional para la ejecución de importantes obras que podría afectar la propiedad y comunidades pero beneficiadas con obras viales. El proyecto incluye importantes obras para la región de Ayacucho, como la construcción de un puente en el distrito de Pacaycasa y el reemplazo del puente San Francisco en la provincia de La Mar.
¿Qué dice la medida?
La propuesta quiere declarar de “necesidad pública e interés nacional y autorización de expropiación”; así detalla que las 32 obras son para reducir la brecha de infraestructura existente en el Perú, además se quiere brindar conectividad a las poblaciones alejadas con fines de inclusión social y permitir la mejora económica de las poblaciones beneficiadas por la ejecución de las inversiones.
Sostiene que esta expropiación se realizará previo pago de la indemnización justipreciada que se establezca como consecuencia de la expropiación realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esto para la ejecución de obras de infraestructura.
¿Cuántas obras para Ayacucho?
De los 32 proyectos de infraestructura repartidos en los departamentos de Pasco, Piura, Lambayeque, Puno, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Ancash, Lima, Arequipa, Apurímac, Junín, Ica, Pasco, Cajamarca, Tumbes, Moquegua, La Libertad, San Martín y de la Provincia Constitucional del Callao.
En la región de Ayacucho se tiene el “reemplazo del puente de San Francisco” en la red vial Quinua-Tambo-San Francisco, este puente reemplazará al actual puente ubicado entre las provincial de La Mar y la Convención, afianzando la comunicación entre los departamentos de Ayacucho y Cusco.
Otros proyectos de infraestructura que se ejecutará en la región tras la expropiación de terrenos son los puentes de Totorilla, Chanchara y Chillico, ubicados en los distritos de Jesús Nazareno, Pacaycasa y San José de Ticlias, respectivamente y todos están dentro de la Provincia de Huamanga.
¿expropiación express?
La propuesta de ley dice que esta expropiación se sustenta en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley”.
Este mecanismo propuesto constituye un atajo administrativo para conseguir los terrenos para la construcción de infraestructura y evitar procesos legales, por tanto, al declarar «de interés nacional» múltiples proyectos de manera conjunta y genérica, se acelera el proceso obteniendo terrenos.
En el caso del reemplazo del puente de San Francisco, se expropiarán 22 predios particulares y 5 predios estatales.
¿Opacidad en la identificación de afectados?
Si bien en el caso del Puente de San Francisco se especifica el número exacto de predios a expropiar, la propuesta de la presidenta no hace lo mismo para otras obras.
Como en el caso de los 3 puentes en la provincia de Huamanga, donde no se especifica cuántas propiedades se expropiará, esto a pesar de que el documento menciona que «los propietarios o poseedores de inmuebles necesarios han sido identificados«.
Esta falta de transparencia podría alimentar en el futuro legítimas sospechas sobre la selección arbitraria de predios a expropiar, ya que en este caso el documento detalla; “Total de predios: Plan de Afectaciones y Compensación-PAC en elaboración”. Es decir, la presidenta pretende que el Congreso apruebe la expropiación de terrenos que aún no se terminó de identificar.
Financiación «sin demandar recursos adicionales»
La propuesta afirma que el financiamiento de estas expropiaciones será “a cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.
Lo cual es cuestionable, ya que las expropiaciones conllevan costos importantes por indemnizaciones que podrían superar las previsiones iniciales, por ello de aprobarse este mecanismo express, el MTC podría enfrentarse una cascada de demandas por valuaciones insuficientes que terminarán costando más al erario nacional.
Proyecto de ley No 12119: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzE2MTQx/pdf
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