Hoy se cumplen 41 años de la masacre de Soras, una de las acciones más violentas perpetradas durante el conflicto armado interno en el Perú. El 16 de julio de 1984, cerca de 109 personas fueron asesinadas por una columna armada de Sendero Luminoso en diversas localidades de Ayacucho.
Los hechos comenzaron cuando aproximadamente 40 miembros de Sendero Luminoso, vestidos con uniformes falsos de policías y militares, interceptaron un bus interprovincial de la Empresa de Transportes Expreso Cabanino S.A. que cubría la ruta Lima – Soras. El vehículo fue detenido a la altura de Sontococha, en la provincia de Lucanas. A lo largo del trayecto, los atacantes detuvieron el bus en distintas localidades, donde perpetraron asesinatos contra pobladores, muchos de los cuales fueron ejecutados a golpes con piedras, martillos y otros objetos contundentes.
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En el caserío de Doce Corral, fueron asesinadas al menos 30 personas. En Chaupihuasi, masacraron a 40. Finalmente, abandonaron el vehículo en Tranca y continuaron a pie hacia Soras. Al llegar a Soras durante la noche, 18 hombres fueron ejecutados, y en el local del municipio se dejó una inscripción escrita con sangre: “Así mueren los soplones”.
La masacre fue entendida como una represalia por parte de Sendero Luminoso contra comunidades que se resistían a su ideología y su presencia en la zona. En respuesta, la población de Soras, San Pedro de Larcay y Paico organizó una fuerza de aproximadamente 500 hombres y mujeres armados, que intentaron una contraofensiva sin mayor éxito. Posteriormente, una ronda comunal de Chaupihuasi logró capturar a cuatro senderistas, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del comando de los sinchis.
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Según la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), en total fueron asesinadas 109 personas durante esta incursión. En 2012, el Ministerio Público presentó cargos contra la cúpula de Sendero Luminoso como autores mediatos del crimen, y señaló a Víctor Quispe Palomino como uno de los autores directos de la operación.
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La masacre de Soras es considerada un punto crítico en la memoria del conflicto armado peruano (1980–2000), que dejó más de 69 mil muertos y desaparecidos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Con el paso de los años, esta tragedia se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de las comunidades rurales en el país, víctimas de una violencia que marcó generaciones.
Cada año, los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos conmemoran esta fecha con actividades de memoria y reflexión, reafirmando el compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición.
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