Más de 35 asociaciones de familiares de víctimas del conflicto armado interno (1980–2000) y organizaciones de derechos humanos exigieron la salida inmediata de Javier Pacheco del cargo de director general de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Dgbpd), adscrita al Ministerio de Justicia. Lo acusan de promover normas que pondrían en riesgo miles de casos aún pendientes.
A través de un pronunciamiento público emitido el 28 de junio, los firmantes señalaron que, desde que Pacheco asumió la dirección en agosto de 2024, se han paralizado procesos humanitarios, se han cerrado espacios de participación y se ha propuesto un límite de 18 meses para las búsquedas, tras el cual los casos se archivarían mediante informes administrativos.
“La búsqueda no puede tener plazos. No se puede archivar un caso solo porque no hay resultados en un tiempo limitado. Los familiares hemos buscado por más de 40 años y vamos a seguir buscando”, afirmó Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, desaparecido durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Según un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEH PUCP), emitido en mayo de este año, la actual dirección ha paralizado procesos en regiones como Junín, Huánuco y Ayacucho. Estas paralizaciones afectan más de 19 mil casos aún no resueltos, de los más de 22 mil registrados oficialmente desde 2016.
Ortiz advirtió que entre 8,000 y 9,000 casos podrían cerrarse con el nuevo enfoque, en especial aquellos relacionados con desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado, donde el acceso a la información ha sido sistemáticamente bloqueado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
“Esto sucede con casos como el de Ernesto Castillo Páez. No es que no se haya buscado, sino que las instituciones no han entregado información. Aquí lo que tiene que haber es voluntad política y colaboración del Ministerio del Interior y de Defensa”, añadió.
Las organizaciones también cuestionan la eliminación de espacios participativos creados desde 2017, como los grupos de trabajo que reunían a familiares, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público.
“Durante esta gestión, simplemente se han dejado de convocar”, mencionó la directora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
En respuesta a las críticas, la DGBPD ha intentado reactivar recientemente algunos espacios de diálogo. Sin embargo, Ortiz asegura que los familiares ya no confían en esta gestión. “Alguien que no ha tenido voluntad de conversar ni explicar sus decisiones durante 10 meses, difícilmente lo hará ahora”, sostuvo.
La ley N.º 30470, que creó la DGBPD en 2016, establece que la búsqueda de desaparecidos es una obligación humanitaria y permanente del Estado, en la que los familiares deben ser protagonistas.
“La angustia es que siempre hay excusas: falta presupuesto, equipos, fiscales. Pero lo que pedimos no es que se cierren casos, sino que se abran caminos para encontrar a nuestros familiares”, concluyó Ortiz.
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