Marie Emily Silva, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitraparl), denunció que su contrato no fue renovado como presunta represalia por advertir irregularidades en la creación y funcionamiento de la Unidad Ejecutora de la Bicameralidad (UEB), una nueva oficina congresal que manejará un presupuesto de 99 millones de soles.
La exservidora, con 24 años de trayectoria en el Congreso, sostiene que su salida se produjo luego de hacer pública la existencia de esta unidad durante una sesión de la Comisión de Fiscalización.
“Apunto directamente al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como responsable de mi despido”, declaró Silva a un medio nacional.
La UEB opera desde marzo en un edificio alquilado por 480 mil soles anuales en la avenida San Luis, lejos del Palacio Legislativo y del control de Recursos Humanos. Según el sindicato, allí laboran cerca de 50 personas, incluyendo 12 funcionarios. Su jefe, Enrique Fernández Paniagua, percibe un salario mensual cercano a los 20 mil soles.
Silva, además, cuestionó la falta de licitación en el contrato de alquiler, suscrito con el consorcio Pissano, vinculado a un militante de Somos Perú. También denunció que la Oficialía Mayor del Congreso no respondió sus pedidos de información sobre el presupuesto ni sobre la compra del exlocal del Banco de Crédito destinado al futuro Senado.
No es la primera vez que la secretaria sindical enfrenta una situación similar. En 2023, denunció al congresista Edgar Tello por despido arbitrario mientras se encontraba embarazada. Tras ganar el juicio, fue repuesta en su puesto y la Sunafil multó al Congreso con medio millón de soles.
La funcionaria acudirá con inspectores de Sunafil al Congreso para formalizar su nueva denuncia.
“Esta no es solo una represalia por la UEB, también hay un conflicto sindical con Sitracon, agrupación ligada al partido de Salhuana”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha pedido la renuncia del oficial mayor Giovanni Forno por no rendir cuentas sobre el caso. La visita de Sunafil al Parlamento podría marcar un precedente sobre cómo se gestionan los despidos y los recursos públicos dentro del Legislativo.
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