El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, reconoció que la contratación de familiares directos por parte de congresistas, aunque no contraviene la ley, constituye una falta ética que debe evaluarse con seriedad.
“Son familiares directos”, afirmó al referirse al caso de la congresista Rosío Torres, quien tiene como personal de confianza a su madre, Cecilia Salazar Mattos, y a su hija, Alexandra Tafur Salazar. Ambas integran el mismo partido, Alianza para el Progreso (APP). La declaración fue brindada durante un evento en la Universidad de Lima, tras la difusión del caso en medios nacionales.
El diario El Comercio reveló que al menos 30 grupos familiares laboran en el Congreso, entre ellos parejas de hermanos, hijos, padres y madres contratados en despachos distintos. Ante ello, Salhuana informó que ha solicitado un informe general sobre las contrataciones, el cual permitirá determinar si se han vulnerado normas internas.
“Esperaremos los resultados del informe y, en función de ello, la Mesa Directiva decidirá si corresponde tomar medidas adicionales”, declaró.
La contratación de familiares ha generado críticas ciudadanas por la falta de criterios meritocráticos. Según la organización Transparencia, entre julio de 2021 y octubre de 2024, 38 familiares de 30 congresistas firmaron contratos con entidades estatales por más de 1 millón de soles, y 21 familiares de legisladores fueron sancionados por el OSCE con 49 sanciones por infringir impedimentos legales.
“Hay que considerar la percepción ciudadana y el impacto ético de estos casos”, insistió Salhuana, quien evitó pronunciarse sobre sanciones individuales hasta conocer los resultados del informe solicitado.
Por su parte, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, consideró que se trata de un uso indebido del poder de influencia.
“Deberían establecerse restricciones internas claras para impedir estas contrataciones y exigir procesos meritocráticos”, mencionó.
Entre los casos observados, también se detectaron familiares con sueldos similares y domicilio compartido trabajando simultáneamente en el Congreso, lo que ha generado sospechas de favoritismo.
Aunque la ley no prohíbe expresamente estas contrataciones, el tema ha vuelto a encender el debate sobre la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública.
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