La Oficialía Mayor del Congreso de la República envió un memorando a todos los trabajadores del Parlamento en el que les recuerda que está prohibido brindar declaraciones públicas sin autorización previa, especialmente si estas afectan la imagen o dignidad de los congresistas.
El documento, identificado como Memorando Múltiple N.° 625-2024-2025-OM/CR, fue emitido esta semana y señala que la medida está basada en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo.
“Los servidores del Congreso se encuentran prohibidos de realizar declaraciones públicas sobre los asuntos relacionados con el Congreso de la República o los congresistas que afecte su imagen o dignidad (…) salvo autorización expresa de las autoridades respectivas”, se lee en el texto.
El recordatorio se produce en un contexto de críticas por decisiones administrativas recientes. Una de ellas es el alquiler de un inmueble en el distrito limeño de San Luis por un valor de 480,000 soles anuales, destinado a la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad.
La distancia de dicho local al Palacio Legislativo ha ocasionado gastos adicionales en movilidad, cubiertos con caja chica. Además, se ha cuestionado que el contrato fue adjudicado a una empresa vinculada a un militante del partido Somos Perú.
Otro caso señalado en medios involucra a Cecilia Salazar Mattos, militante de Alianza para el Progreso (APP), quien fue contratada como asesora principal de la congresista Rosío Torres. Posteriormente, su hija Alexandra Tafur Salazar ocupó el mismo cargo que su madre había dejado, pese a no tener experiencia legislativa. Ambas contrataciones fueron aprobadas por la Oficina de Recursos Humanos, también dirigida por una militante de APP.
Cecilia Salazar es investigada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores del despacho de Torres, en el marco del caso conocido como “mochasueldos”, y por transferencias irregulares a familiares de la congresista.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial del Congreso sobre estas contrataciones ni sobre la coincidencia entre las restricciones comunicacionales y las denuncias difundidas.
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