El Ejecutivo oficializó este viernes una controvertida reforma a la Ley de Extinción de Dominio, pese a las advertencias del Poder Judicial y el Ministerio Público, que alertaron sobre un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
La norma fue aprobada por el Congreso en abril con 45 votos a favor. Aunque la presidenta Dina Boluarte tenía plazo hasta el 22 de mayo para observarla, decidió no hacerlo y promulgó la ley sin modificaciones.
La reforma limita la posibilidad de que el Ministerio Público solicite la incautación de bienes presuntamente vinculados al crimen organizado sin una sentencia firme, debilitando una herramienta legal que permitía despojar de activos a narcotraficantes y redes de corrupción.
El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, advirtió en febrero que esta modificación podría generar el archivamiento de más de cinco mil casos en curso. Además, expresó su preocupación por la aplicación inmediata de la nueva normativa.
Diversas voces del sistema de justicia han manifestado su preocupación por los posibles beneficiarios de esta reforma, advirtiendo que se abre la puerta a maniobras legales para proteger patrimonios de origen ilícito.
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