El exsuboficial de la Policía Nacional del Perú, Jhon Torres, denunció presuntas responsabilidades en la cadena de mando por los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023 en Juliaca, región Puno, donde fallecieron 18 personas durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Torres difundió inicialmente su posición a través de un video en redes sociales, en el que explicó su pase de la situación de actividad al retiro. Actualmente enfrenta un proceso ante la jurisdicción militar policial en Cusco, el cual —según indicó— se encuentra en etapa de juzgamiento ante un colegiado conformado por tres jueces militares.
Responsabilidad política y cadena de mando
El exsuboficial sostiene que la responsabilidad por las muertes no puede desligarse de la estructura jerárquica del Estado. Señaló que, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía, Boluarte debía tener conocimiento de las decisiones adoptadas durante el operativo.
“Existe una cadena de mando que va desde los autores directos hasta quienes dieron las órdenes”, afirmó, al referirse a la dimensión política y operativa en el uso de la fuerza durante las protestas.
Cuestionamientos al Ministerio Público
Torres también cuestionó decisiones recientes en el Ministerio Público, señalando que la desactivación y reconfiguración de equipos especiales de investigación podría afectar el avance de los casos vinculados a las muertes registradas en distintas regiones.
El debate sobre la continuidad y autonomía de los equipos especializados se produce en un contexto de alta polarización política y tensiones entre el Ejecutivo, el Congreso y el sistema de justicia.
Propuesta de reforma en la Policía
Más allá de su denuncia, Torres planteó la necesidad de una reforma estructural en la institución policial. Propuso eliminar la diferenciación entre oficiales y suboficiales y establecer un sistema unificado, además de fortalecer mecanismos externos de control, como instancias de fiscalización o contraloría.
“El sistema actual concentra el poder en la oficialidad”, sostuvo, al plantear una mayor participación ciudadana en la supervisión institucional.
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