El Estado asumirá los costos de la defensa legal del presidente encargado, José Jerí, en el marco de la investigación fiscal que se le sigue por presuntas irregularidades vinculadas a reuniones con empresarios chinos, según un documento emitido por la Subsecretaría General de la Presidencia.
De acuerdo con el informe, la solicitud fue presentada por el propio mandatario y aprobada conforme a la normativa vigente, que permite brindar asesoría jurídica a funcionarios públicos investigados por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La investigación, conocida como “Chifagate”, involucra presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. La Fiscalía de la Nación indaga las reuniones que Jerí habría sostenido con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, las cuales no habrían sido registradas oficialmente.
Hasta el momento, el Despacho Presidencial no ha definido el monto que se destinará para cubrir los honorarios del abogado, ya que primero realizará un estudio de mercado para establecer los costos del servicio legal.
Fuentes oficiales precisaron que la cobertura del Estado se limitará a la etapa de investigación preliminar y no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad del mandatario en los hechos investigados.
El caso ha generado atención pública debido al uso de recursos estatales en un proceso judicial que involucra a la más alta autoridad del Ejecutivo, en un contexto marcado por demandas ciudadanas de transparencia y rendición de cuentas.
