A partir de hoy, ningún alto funcionario público ni autoridades elegidas por voto popular podrán seguir en el cargo si pretenden participar en las Elecciones Generales 2026. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó, mediante la Resolución N.º 0110-2025-JNE, que el plazo de renuncia vence este lunes 13 de octubre de 2025, seis meses antes del día de los comicios, conforme lo establece la ley.
La norma alcanza a quien ejerza la Presidencia de la República, ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que deseen postular. En el caso del presidente, la renuncia debe presentarse ante el Congreso de la República, mientras que los demás funcionarios deberán hacerlo ante la entidad pública correspondiente.
La resolución señala que la renuncia debe comunicarse al Jurado Electoral Especial (JEE) al momento de inscribir la candidatura. Para los gobernadores y alcaldes, el JNE fijó un segundo plazo técnico: podrán remitir el cargo de renuncia hasta el 20 de octubre a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) del organismo electoral.
El JNE precisó, además, que en el caso de las autoridades elegidas por voto popular, la renuncia surte efecto de manera inmediata, sin necesidad de aprobación. Las autoridades correspondientes, en gubernaturas y municipios, deberán designar a los reemplazantes de forma temporal y solicitar los credenciales al organismo electoral.
Por otro lado, los trabajadores y funcionarios públicos que no formen parte del cuadro de altas autoridades deberán solicitar licencia sin goce de haber desde el 11 de febrero de 2026, es decir, 60 días antes del día de la votación.
La entidad electoral también aclaró que el horario de cierre para la presentación de renuncias dependerá del tipo de atención de cada entidad. Si cuentan con mesa de partes virtual, podrán recibir documentos hasta la medianoche, mientras que en el caso de atención presencial, se respetará el horario regular de oficina.
Con esta resolución, se busca garantizar la neutralidad y transparencia del proceso electoral, evitando que las autoridades en ejercicio utilicen recursos públicos o su posición para favorecer una candidatura.
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