Las recientes protestas contra la Ley N° 32123, conocida como la ‘Ley pro AFP’, no solo dejaron agresiones físicas, sino que también pusieron en evidencia un patrón sistemático de hostigamiento hacia periodistas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) documentó 85 casos de violencia policial contra civiles y trabajadores de la prensa, mientras que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró 18 ataques directos a periodistas durante las movilizaciones en Lima.
Entre los afectados se encuentra el fotoperiodista Juan Zapata, de Wayka, quien relató que fue golpeado y empujado mientras registraba las marchas, y que su equipo de trabajo resultó dañado. La gravedad de las agresiones ha afectado su capacidad de reincorporarse al trabajo, reflejando cómo la represión limita la cobertura informativa y la transparencia de los hechos ante la ciudadanía.
Expertos en derechos humanos advierten que la normalización de la violencia policial agrava la desconfianza en las instituciones del Estado. Zapata señaló que “la violencia policial se ha normalizado; no es un hecho aislado”, recordando que incidentes similares ocurrieron en marchas anteriores, desde 2022 hasta las movilizaciones recientes contra la corrupción y la inseguridad.
Organizaciones como la Cnddhh y Amnistía Internacional exigen investigaciones transparentes, sanciones a los responsables y protección efectiva para periodistas, destacando que garantizar la libertad de prensa es un pilar de la democracia y del derecho de la población a la información. La preocupación se extiende más allá de los ataques individuales, evidenciando un riesgo sistemático para los derechos fundamentales y la labor periodística en protestas sociales.
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