La Mesa Directiva del Congreso de la República se encuentra en el centro de cuestionamientos por la aprobación de reincorporaciones laborales a trabajadores vinculados a Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y al Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon), liderado por Tulio Augusto Vizcarra Basto.
Según el Acuerdo de Mesa No. 225-2024-2025/MESA-CR, emitido en los últimos días de gestión de Eduardo Salhuana, se autorizó el ingreso de una lista de trabajadores pese a que no cumplen con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional. El fallo del Expediente Huatuco (No. 05057-2013-PA-TC) establece que solo pueden reincorporarse quienes ingresaron mediante concurso público.
En este caso, cinco beneficiados fueron incluidos en la denominada “repartija laboral”, a pesar de no haber accedido a sus plazas por concurso. Entre ellos figuran nombres ligados a partidos políticos y al sindicato, quienes lograron medidas cautelares emitidas por jueces suplentes, incluso en contradicción con precedentes vinculantes.
El abogado laboralista Wilfredo Ponce de León, separado por nombramiento irregular, regresó tras obtener cautelares, pese a que durante su gestión fue cuestionado por realizar actividades legales para Fuerza Popular en horario de trabajo. Otro reincorporado es Omar Moscaiza, también vinculado al fujimorismo, quien presidió una comisión investigadora en el Congreso cuyo informe quedó inconcluso.
Marion Figueroa, de Alianza Para el Progreso, y Sandro Coronado, cercano a Tulio Vizcarra, también forman parte de la lista. En el caso de Coronado, el Tribunal Constitucional ya había rechazado su reincorporación (Expediente No. 01106-2013-PA-TC Lima), pero un juez suplente le otorgó una nueva medida cautelar.
Fuentes del Parlamento señalaron que la medida afecta la institucionalidad del Congreso.
“Esto no solo contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que genera un perjuicio económico al Legislativo”, indicaron.
En paralelo, alrededor de 70 trabajadores fueron separados en los últimos diez meses bajo las mismas causales y 200 exservidores esperan desde hace décadas que se cumpla su reincorporación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso evidencia la tensión entre decisiones políticas, sindicales y judiciales en el Parlamento, que mantiene abierto el debate sobre la legalidad y legitimidad de los nombramientos.
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