La mesa directiva del Congreso para el periodo de sesiones 2025-2026, integrado por José Jerí, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López, refleja claramente el pacto de gobierno que sostiene a Dina Boluarte en la presidencia; así es significativo que la última mesa directiva de este Congreso, antes de las Elecciones General del 2026, esté conformada por parlamentarios que afrontan procesos por delitos graves.
Denuncia contra el presidente del Congreso
José Enrique Jerí Oré es el actual presidente del Congreso luego de que su lista ganara con 79 votos de los parlamentarios; así este congresista por la región Lima llegó a la representación nacional en las Elecciones Generales del 2021 con el partido Somos Perú con el voto de 11 654 limeños que creyeron en sus promesas.
El actual presidente del Congreso también carga con un pasado que perjudica su situación actual, es que el 9 de enero del 2025, el Ministerio Público inició investigación contra él otras personas por la presunta comisión del delito de violación sexual contra una persona sobre la cual se mantuvo su identidad en reserva.
¿Blindaje en el Congreso?
Tras conocerse esta investigación, en sesión del 2 de junio, la Comisión de Ética del Congreso decidió no iniciar investigación a Jerí Oré; así el presidente de esta comisión, el congresista Álex Paredes, señaló; “consideramos que por el momento esta presidencia y la comisión no podría formular una denuncia de oficio al no tener elementos que puedan determinar a la fecha la vulneración a la ética parlamentaria del congresista José Jerí, al encontrarse los hechos investigados en sede fiscal y con carácter de reserva”.
Además, justificó esta decisión afirmando que; “no se puede juzgar a cualquier funcionario por sus actos (que cometan) cada sábado y domingo”. Con esto Jerí puedo continuar con sus actividades parlamentarias con normalidad, bajo la excusa de que como ya se estaba investigando en la Fiscalía, no era necesario iniciar una investigación aparte en el Congreso.
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Respecto a esta denuncia, el presidente del Congreso señaló “tengo la conciencia plenamente tranquila, como siempre se los he dicho. Yo tengo los elementos suficientes, producto del avance de la investigación, que me dejan sumamente tranquilo”; así afirmo que los indicios de la investigación de la Fiscalía se dirigían a probar su inocencia.
Otras denuncias
Rpp Noticias reveló que José Jerí también afronta dos investigaciones por supuesta desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito; así en su defensa, Jerí Oré alegó que ambas denuncias responderían a una campaña de desprestigio de quienes se oponían a que él presida la Mesa Directiva del Congreso.
“Las últimas dos denuncias me quedan claras por la naturaleza y cómo fueron ventiladas, que se presentan a las 11:00 a.m. y se hacen públicas a las 6 de la tarde. Y finalmente con un cargo de recepción se presentan y citan unas fuentes periodísticas, que es con claridad una campaña de desprestigio en mi contra […] una vez que se ha conocido de que podía existir la posibilidad de que yo integre una Mesa Directiva”. Detalló el presidente del Congreso.
Pecados del primer vicepresidente
Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, es el actual primer vicepresidente del Congreso y actualmente pertenece al partido Fuerza Popular; así viendo la forma en la que llegó al Parlamento y que actualmente llegó a uno de los máximos cargos del legislativo se puede decir que Rospigliosi goza de mucha suerte.
Este parlamentario no fue elegido en las Elecciones Generales del 2021, sino ingresó a la representación nacional en octubre del 2023, tras la muerte de Hernando Guerra García, al ser su accesitario.
No se conoce una denuncia penal contra Rospigliosi desde que asumió el lugar de “Nano Guerra”; sin embargo, las polémicas concernientes a su partido también lo han incluido sobre todo cuando se trata de aprobar leyes contra los derechos humanos.
Leyes contra los derechos humanos
Es que Rospigliosi votó, al igual que Fuerza Popular, a favor de aprobar el proyecto de ley N° 7549, conocido como la “Ley de Amnistía para Militares, Policías y Comités de Autodefensa” que plantea dejar en libertad a perpetradores de crímenes contra los derechos humanos durante la época del terrorismo.
Pero este parlamentario no esconde su afinidad con las instituciones castrenses y se encargó de producir proyectos de ley que en la práctica hace inmune a los policías de ser encarcelados cuando estos maten a delincuentes; se trata de la ley N° 32181, el cual en uno de sus artículos ordena:
“El fiscal se encuentra impedido de solicitar prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte”.
Esta ley que blinda a los policías tuvo origen con el proyecto de ley N° 7115 donde Rospigliosi figura como coautor.
Errores pasados
Según Infobae, este parlamentario fue ministro del Interior y presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero fue censurado por el Congreso de la República debido a que habría tenido responsabilidad en no proteger la vida de Cirilo Robles, alcalde de Ilave (Puno), en el año 2004. Tras lo cual tuvo que salir del cargo.
En ese año, Cirilo Robles fue secuestrado y torturado por un grupo de la población en la puerta de la Municipalidad de Ilave, debido a que el entonces ministro Rospigliosi no mandó a la Policía y las Fuerzas Armadas para contener la turba y sentar bases para el diálogo, por ello el Congreso presentó una moción de censura pidiendo salida.
Costosa investigación con dinero público
En el año 2020, el programa Punto Final reveló que Rospigliosi fue contratado por Fuerza Popular para realizar consultorías en temas de seguridad; así este partido pagó hasta 180 mil soles a FRC Consultores, empresa del ahora primer vicepresidente del Congreso.
Este desembolso fue por hacer un estudio con el concepto de “Investigación sobre la inseguridad en el Perú, situación actual, problemática y propuesta” para el partido fujimorista y lo peor fue que esto se hizo dinero de fondos públicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los cuales son entregados a los partidos políticos para financiar sus actividades partidarias sustentadas.
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Coincidentemente meses después, Rospigliosi Capurro fue presentado como parte del equipo técnico de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, para las elecciones del 2021.
Waldemar Cerrón repite el plato
Waldemar José Cerrón Rojas, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, vuelve a la mesa directiva del Congreso, ya que él ocupó la segunda vicepresidencia del parlamento durante la presidencia de Eduardo Salhuana Cavides para el periodo 2024-2025.
Ahora Waldemar Cerrón se mantiene en la segunda vicepresidencia, ahora bajo la presidencia de José Jerí. Sin embargo, el hermano Cerrón afronta una investigación en la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal para financiar al partido Perú Libre, investigación por la cual el fiscal Richard Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón en noviembre del año 2022.
Esta investigación generó un informe de 200 páginas, donde señala que desde 2021 se investiga a los hermanos Cerrón e incluye a la ex tesorera del partido, Dina Boluarte; así como a ex altos dirigentes por conformar la organización criminal Perú Libre.
¿Tráfico de influencias?
En febrero del 2025, Infobae informó que el decano del Colegio Odontológico de Lima, José Rojas Rueda, tenía intenciones de presentar denuncia penal en contra de Waldemar Cerrón por el presunto delito de tráfico de influencias.
Esto tras difundirse un video donde se ve al congresista de Perú Libre discutiendo la posibilidad de garantizar los votos de la bancada de Fuerza Popular en favor de un proyecto que busca derogar la ley que reconoce el acto médico realizado por odontólogos.
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“Estamos tomando las acciones penales contra el congresista, solo que esto toma su tiempo. Consideramos que se han cometido delitos porque habría un direccionamiento de votos buscando un aparente beneficio”, afirmó el decano.
Ilich López es un “Niño” de Acción Popular
Ilich Fredy López Ureña es el actual tercer vicepresidente del Congreso en la lista de José Jerí; así el parlamentario López pertenece al partido de Acción Popular con el cual llegó al parlamento en las Elecciones Generales del 2021 en representación de la región Junín con 17 mil 727 votos.
Este parlamentario afronta en su contra una denuncia constitucional, presentada por el Ministerio Público, el 25 de julio del 2025, por el caso “Los niños” el cual incluye a Ilich López por haber cometidos los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio.
Según la Fiscalía, los hechos están referidos a que el expresidente Pedro Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por “Los Niños” y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en diversos ministerios.
Lo que incluye al ministerio Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como a organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
¿Congresista estafador?
En octubre del 2024, el programa Cuarto Poder reveló el testimonio del presunto testaferro del congresista Ilich López; así Raúl Hurtado mostró audios donde se escucha al ahora tercer vicepresidente del legislativo hablar de presuntos sobornos a testigos claves en el juicio para impedir que Hurtado vaya preso.
Esto inicia en el año 2010 cuando Hurtado, en ese entonces trabajaba como agente de seguridad y sería en papeles gerente general de la empresa de seguridad C.E.& G Sociedad Comercial de Respuesta Limitada, empresa que según el testaferro no era de su propiedad sino de Ilich López.
Con esta jugada la empresa de seguridad comenzó a contratar con la Universidad Peruana de los Andes de Huancayo, donde Ilich López ya tenía contratos, pero en otro rubro; el de limpieza.
Así el acuerdo sería que Hurtado fuese testaferro en la nueva empresa de seguridad y vigilancia para que, mediante él, Ilich López pudiera seguir facturando desde la sombra y por partida doble; además afirma que por este servicio el parlamentario le pagaba poco más de S/.1 000 mensuales.
Por esta razón Hurtado fue condenado a 4 años de cárcel suspendida, por ser el único responsable, y al pago de una reparación civil solidaria de 200 mil soles, cifra que no puede pagar, ya que la condena no le permite tener trabajo, por ello no tiene forma alguna de tener dinero.
Enlace 1: https://x.com/FiscaliaPeru/status/1877419221488964079
Enlace 6: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzAyNjkz/pdf
Enlace 7: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2352315-2
Enlace 8: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7115
Enlace 10: https://x.com/FiscaliaPeru/status/1590876244392153091
Enlace 13: https://x.com/FiscaliaPeru/status/1948850625095029053
Enlace 14: https://www.youtube.com/watch?v=s8AGnhsjJXc
