PJ excluye defensa de indígenas del Baguazo por ley APCI

PJ excluye defensa de indígenas del Baguazo por ley APCI


A pocos días de iniciarse un nuevo juicio oral por los hechos ocurridos durante el Baguazo, el Poder Judicial excluyó a tres abogados que representaban a 16 líderes indígenas, en aplicación de la modificada Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La medida ha generado preocupación por la vulneración del derecho a la defensa.

La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua decidió retirar del caso a abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), argumentando que ambas organizaciones reciben financiamiento internacional y, por tanto, no pueden litigar contra el Estado peruano.

“Nos sorprendió el tribunal con esa resolución. No se ha querido meter con este gran problema que ha generado la ley APCI. Han optado por lo más fácil: decir que los procesados busquen nuevos abogados”, declaró el abogado Juan José Quispe, representante de IDL y defensor de varios de los implicados desde 2009.

La nueva sala del juicio oral se instalará el jueves 24 de julio. Sin embargo, los procesados, pertenecientes a las comunidades awajún y wampis, tienen apenas tres días para conseguir nuevos abogados.

“Estas comunidades no tienen internet, agua potable ni luz. Y ahora les dicen que busquen abogados privados”, cuestionó Quispe.

El caso se remonta al 5 de junio de 2009, cuando 11 policías murieron en la Estación 6 de Petroperú, en Bagua. En una primera instancia, los acusados fueron absueltos, pero la Corte Suprema anuló parcialmente la sentencia y ordenó un nuevo juicio solo para algunos de los líderes. Varios de ellos, como Simón Wipiu y Pedro Tiwi, fallecieron sin una sentencia definitiva.

Organizaciones como IDL han presentado acciones constitucionales contra la modificación de la ley APCI, al considerar que pone en riesgo la libertad de asociación y el acceso a la justicia. La exclusión de la defensa contradice, además, el Convenio 169 de la OIT y las Reglas de Brasilia, que garantizan el acceso reforzado a la justicia para pueblos indígenas.

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