El Congreso de la República dio un nuevo paso en el proceso que podría terminar con la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo. La Comisión Permanente aprobó otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que elabore el informe final de dos denuncias constitucionales en su contra, en el marco de un juicio político por infracciones a la Carta Magna.
Una de las denuncias cuestiona el decreto supremo 009-2022-Minedu, emitido durante su mandato, con el cual se modificó el estatuto de la Derrama Magisterial para alterar la forma de elección de sus autoridades. La medida fue considerada inconstitucional y posteriormente derogada. La segunda denuncia se basa en el uso irregular del avión presidencial, tras revelarse que familiares del exmandatario, entre ellos un prófugo de la justicia, figuraban en los registros de vuelo.
Aunque el plazo de 15 días es formal, estos procesos suelen extenderse por inasistencias o pedidos de prórroga. Aun así, el avance es clave: si se aprueba el informe final y luego es respaldado por el Pleno, Castillo podría quedar impedido de ejercer cargos públicos por hasta una década.
De forma paralela, una tercera denuncia constitucional vinculada al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 también está en marcha, aunque aún no se designa al congresista encargado de elaborar el informe correspondiente.
Mientras no exista una sanción formal, Castillo mantiene su derecho a participar en las elecciones generales de 2026. Ya se ha anunciado que será presentado como candidato al Congreso, aunque no podría integrar una fórmula presidencial.
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