Pese a los cuestionamientos del Ministerio Público sobre vicios procesales y posible impunidad, el Congreso de la República decidió ratificar el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encabezada por María Acuña (APP), descartó incluso la posibilidad de reconsiderar el pedido fiscal.
“El tema ya está cerrado”, afirmó Acuña, quien invocó a la Fiscalía a respetar las decisiones del Legislativo.
La legisladora aseguró que nuevas denuncias con los mismos fundamentos serán acumuladas, no reabiertas. También rechazó las acusaciones de blindaje político, señalando que el archivo fue respaldado por varias bancadas, entre ellas Fuerza Popular y Acción Popular.
La denuncia fue presentada en 2024 tras revelarse que Boluarte usó relojes de lujo sin declarar. Luego reconoció que eran préstamos del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien, según la Fiscalía, buscaba influir en decisiones presupuestales.
Desde el Ejecutivo, el premier Eduardo Arana sostuvo que no existe un procedimiento que permita anular el archivamiento, y dejó en manos del Congreso la interpretación del proceso.
Pero el Ministerio Público no guarda silencio. Acusó al Congreso de actuar con un doble estándar, al haber tramitado toda la denuncia para recién al final invocar el artículo 117 de la Constitución, que impide acusar a un presidente en funciones.
“Esa inconsistencia revela una intención de blindaje”, mencionó en un comunicado.
Mientras el Congreso cierra filas, también se conoció que Dina Boluarte cuenta como consejero con un pastor evangélico, a pesar de que ella se ha declarado “muy católica”, lo que ha generado nuevas críticas sobre la coherencia de su entorno.
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