Este martes 24 de marzo se realizó la segunda jornada del debate presidencial sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.
En seguridad, el postulante Charlie Carrasco, del partido Demócrata Unido Perú, planteó el servicio militar obligatorio y la expulsión de extranjeros. Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, propuso un estado de excepción prolongado y recompensas, mientras Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, apostó por la prevención y centros de auxilio rápido. Francisco Diez-Canseco, de Perú Acción, sugirió un Consejo Nacional de Moral Pública y Fiorella Molinelli, de la alianza Fuerza y Libertad, el seguimiento del dinero ilícito. Por su parte, Armando Massé, del Partido Demócrata Federal, planteó incentivos económicos por denunciar delitos.
George Forsyth, de Somos Perú, propuso que las Fuerzas Armadas controlen las cárceles; Carlos Espa, del Partido SiCreo, penales de máxima seguridad en zonas alejadas; y Carlos Jaico, de Perú Moderno, reforzar la inteligencia policial. Finalmente, Roberto Sánchez, de
Juntos por el Perú pidió reformas profundas al sistema y Walter Chirinos, del Partido PRIN, un enfoque de control territorial.
En la lucha contra la corrupción, Carrasco propuso cadena perpetua y trabajos forzados. Forsyth sugirió el uso de inteligencia artificial para rastrear recursos y Molinelli la inhabilitación permanente de corruptos. Massé planteó el uso de blockchain, mientras Espa propuso reducir la burocracia para evitar incentivos ilícitos.
El debate cerró con marcados contrastes entre enfoques técnicos y medidas radicales. Mientras unos defendieron el Estado de derecho, otros propusieron eliminar garantías procesales para criminales, evidenciando un escenario electoral fragmentado frente al aumento del sicariato y la extorsión.
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