El uso de la inteligencia artificial (IA) avanza a ritmo acelerado en el Perú, pero sin el personal capacitado ni los protocolos adecuados para manejar información crítica. Así lo advirtió Rubén Correa, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, durante una conversación con Jornada. Según explicó, la expansión de aplicaciones y chatbots está superando la capacidad de profesionales e instituciones para utilizarlos de manera segura y responsable.
Correa señaló que, aunque el Perú fue pionero en Latinoamérica al aprobar la primera ley (Ley N.º 31814) de inteligencia artificial y su respectivo reglamento, la brecha no está en la normativa, sino en su aplicación.
“La legalidad no falla; falla la ejecución”, sostuvo. Uno de los riesgos más urgentes es el manejo inadecuado de datos sensibles, especialmente en entidades públicas que, por desconocimiento, pueden subir documentos clasificados a herramientas de IA sin garantías reales de privacidad.
Otro punto crítico es la ausencia de gobernanza digital en instituciones públicas y privadas. Correa advirtió que muchas organizaciones entregan acceso indiscriminado a información interna sin filtros técnicos ni responsables designados. Esto incluye contraseñas, datos financieros y propiedad intelectual que deberían estar encriptados y gestionados bajo estándares estrictos de ciberseguridad.
A este escenario se suma la falta de profesionales especializados. El país continúa formando mayoritariamente carreras tradicionales, mientras las competencias digitales, analíticas y de pensamiento computacional —exigidas por la actual revolución tecnológica— siguen rezagadas. Para Correa, incluso las profesiones clásicas deberán incorporar perfiles vinculados a seguridad de datos, propiedad intelectual y uso ético de IA para no quedar fuera de los nuevos entornos laborales.
El especialista advirtió que, sin un cambio urgente en la formación académica y en la gobernanza tecnológica, el Perú continuará adoptando inteligencia artificial sin capacidad real para supervisarla, exponiendo a instituciones, empresas y ciudadanos a riesgos que van desde la desinformación hasta la filtración de información crítica.
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