El periodismo en Perú enfrenta un escenario creciente de hostigamiento, donde el Estado se ha consolidado como el principal agresor. Así lo revela el Informe Sombra 2024, elaborado por la Red Voces del Sur, con el capítulo nacional a cargo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Según el documento, el 85,1 % de las alertas registradas en 2024 provinieron de actores estatales, un aumento de 23,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.
El informe registró 52 alertas relacionadas con proyectos de ley restrictivos, procesos judiciales y ataques desde el poder político. Entre las medidas más preocupantes figuran el aumento de penas por difamación hasta seis años de prisión y la colegiatura obligatoria para periodistas, consideradas contrarias a los estándares internacionales de libertad de prensa. Lima concentró el 75 % de las agresiones, aunque IPYS advierte que muchas agresiones en provincias no se denuncian por miedo o autocensura.
El uso del sistema judicial para silenciar a periodistas también se incrementó: en 2024 se registraron 14 procesos civiles y penales, el doble que en 2023. Casos como el de la periodista Paola Ugaz, quien enfrenta siete procesos simultáneos por investigaciones periodísticas, reflejan un patrón de “censura por desgaste”, según el informe.
Los discursos estigmatizantes contra la prensa se quintuplicaron respecto al año anterior, y las restricciones al acceso a información pública crecieron seis veces, evidenciando un patrón de opacidad institucional.
A nivel regional, el informe documentó 3 766 alertas de violencia contra la prensa en 17 países de América Latina, destacando que los Estados son los principales agresores y que la represión se sofistica en contextos de democracias en retroceso.
En 2025, la situación sigue siendo crítica. La Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana registraron más de 200 agresiones y 2 asesinatos de periodistas hasta octubre, incluidas agresiones directas de policías durante protestas y amenazas de figuras políticas.
El Informe Sombra 2024 concluye que el periodismo peruano se desarrolla en un entorno “adverso y asfixiante”, donde la autocensura y las amenazas físicas, judiciales y políticas limitan el ejercicio profesional y afectan el derecho ciudadano a la información.
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