El expresidente Martín Vizcarra, a seis años del cierre del Congreso en 2019, reafirmó su decisión y afirmó: “No me arrepiento, lo volvería a hacer”. En un mensaje emitido el 30 de septiembre de 2025, destacó que la medida respondió a un Parlamento “tomado por la corrupción” y que su acción buscó proteger la institucionalidad del país.
El 30 de septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso tras la negación fáctica de la cuestión de confianza solicitada por su primer ministro, Salvador del Solar. Seis años después, el cierre del Parlamento permanece como uno de los episodios más controvertidos de la política peruana reciente. El Congreso aprobó una resolución legislativa que inhabilita a Vizcarra por diez años para ejercer la función pública, por infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú.
Además, Vizcarra expresó su respaldo a las protestas juveniles y pidió un recambio de la clase política de cara a las elecciones de 2026. Criticó la gestión actual del Ejecutivo, señalando una debilidad en la conducción frente a la conflictividad social. En este contexto, planteó como alternativa no la resignación sino la acción política y ciudadana:
“¿Qué hacer? ¿Resignarnos? No. Tenemos que reclamar… Y tenemos que juntos lograr que en las elecciones del próximo año cambie la clase política”.
Las declaraciones de Vizcarra reavivan el debate sobre las medidas excepcionales en la política peruana, las responsabilidades institucionales y el papel de la movilización social. Al mismo tiempo, su llamado a usar las elecciones como instrumento para renovar la clase política refuerza el centro del reclamo: la búsqueda de respuestas y rendición de cuentas, y la necesidad de opciones que fortalezcan la gobernabilidad sin perder de vista el respeto a las instituciones.
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