La decisión del Congreso de la República de aprobar por insistencia la creación de 20 nuevas universidades públicas ha desatado un nuevo cuestionamiento en torno al uso político de la educación superior y la sostenibilidad del sistema universitario.
La medida fue adoptada sin estudios de factibilidad, sin sustento presupuestal y en contra de las observaciones del Poder Ejecutivo. Con ello, el Parlamento impuso un mandato que compromete recursos que no están contemplados en el presupuesto nacional y que incluso traslada responsabilidades a gobiernos regionales y municipales, generando un riesgo de desfinanciamiento que contradice el principio de equilibrio fiscal.
El Consejo Nacional de Educación (CNE) había advertido que este tipo de iniciativas no responde a las necesidades reales del sistema universitario, sino a intereses ajenos al ámbito académico. El organismo técnico alertó que, mientras varias universidades públicas ya licenciadas aún enfrentan serias limitaciones para sostener condiciones básicas de calidad, se decide ampliar la oferta con instituciones inviables.
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El trasfondo de la medida apunta a la búsqueda de réditos políticos en distintas regiones, donde la creación de universidades suele ser utilizada como promesa electoral.
Sin embargo, lejos de garantizar más oportunidades para los jóvenes, la proliferación de instituciones sin financiamiento y sin capacidad de gestión amenaza con debilitar aún más un sistema que todavía no logra consolidar estándares de calidad.
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