La aprobación de la Ley de Amnistía en Perú ha generado una reacción en el Congreso de Estados Unidos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez presentó una enmienda a la Ley de Presupuesto de Defensa Nacional, que condiciona la entrega de fondos y asistencia militar al país hasta que se cumplan seis requisitos vinculados a derechos humanos y transparencia.
Según la propuesta, ningún fondo federal podría ser asignado en 2026 a las Fuerzas Armadas del Perú ni a la Policía Nacional hasta que se cumplan condiciones como garantizar que miembros de las fuerzas del orden involucrados en violaciones de derechos humanos sean procesados penalmente.
El punto hace referencia directa a la Ley de Amnistía, promulgada el 13 de agosto, que otorga beneficios legales a militares y policías investigados por delitos ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
La enmienda también exige, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo y el Congreso del Perú no interfieran ni obstaculicen procesos judiciales por corrupción, y que se proteja a periodistas, medios de comunicación y manifestantes frente a criminalización o represión. Mientras estas condiciones no se cumplan, cualquier transferencia de equipos, control antidisturbios, artículos o servicios de defensa, así como actividades coordinadas con los cuerpos armados peruanos, quedaría suspendida.
La Ley de Presupuesto de Defensa Nacional es la herramienta regulatoria más importante del Congreso estadounidense para definir el presupuesto, alcance y restricciones del Departamento de Defensa (DoD), así como aprobar las condiciones de cooperación militar en el extranjero. Solo en el año fiscal 2025, Estados Unidos destinó 50,3 millones de dólares en asistencia en seguridad a Perú, destinados a entrenamiento, equipamiento y programas de defensa.
Ocasio-Cortez ya había presentado propuestas similares en los dos años anteriores, aunque no prosperaron. Su persistencia mantiene la atención sobre la situación de derechos humanos en Perú y sobre el respaldo estadounidense a las fuerzas de seguridad locales.
“Estados Unidos no debe financiar a gobiernos que permiten impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos”, manifestó la congresista al presentar la iniciativa.
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