Un informe de TrialWatch, iniciativa de la Fundación Clooney para la Justicia, reveló que en Perú las demandas por difamación penal se han convertido en una práctica habitual contra periodistas que informan sobre temas de interés público.
El estudio analizó 56 casos de difamación penal entre 2007 y 2022 y determinó que en más del 75 % de los procesos los acusados fueron periodistas por ejercer su labor informativa. Además, en el 93 % de los casos los demandantes eran funcionarios del Estado o actores vinculados a la política.
El documento advierte que los periodistas procesados atraviesan en promedio un año y medio de juicios, con consecuencias económicas y psicológicas. Este panorama ha derivado incluso en casos de autocensura por temor a enfrentar procesos judiciales.
“Un aluvión de iniciativas legislativas restrictivas amenazan con poner en aún más peligro a quienes denuncien a figuras públicas, incluidas aquellas que trabajan en la función pública, en Perú”, señaló Ignacio Jovtis, gerente sénior de Programas en TrialWatch.
El informe concluye que el uso recurrente de demandas por difamación penal representa un desafío para la libertad de prensa y para el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
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