El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y dispuso suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato, el 28 de julio de 2026.
La medida establece que la Fiscalía puede realizar únicamente diligencias preliminares, como la toma de declaraciones en Palacio de Gobierno, pedidos de información o recepción de documentos, pero no avanzar hacia una investigación más profunda.
El constitucionalista Heber Joel Campos explicó en entrevista con RPP que, según el fallo, “es posible hacer estas diligencias incipientes, pero no se puede ir más allá de ello”. Precisó que, una vez realizadas, las pesquisas quedarán suspendidas y se reabrirán cuando la mandataria deje el cargo.
También advirtió que esta restricción podría estancar las indagaciones vinculadas a delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución, que solo permite acusar a un presidente en funciones por traición a la patria, impedir elecciones, disolver arbitrariamente el Congreso o evitar el funcionamiento de organismos electorales.
Campos señaló que el fallo no representa un blindaje total, pues el Congreso mantiene la facultad de declarar la vacancia presidencial por causales políticas o constitucionales, incluso vinculadas a las investigaciones detenidas.
Por su parte, el abogado de la presidenta, Joseph Campos, afirmó que la decisión del TC busca preservar la estabilidad del Ejecutivo y garantizar que Boluarte ejerza el cargo con plena capacidad de decisión.
“El presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias”, indicó en declaraciones a medio nacional. Añadió que la medida no significa impunidad, sino una protección temporal mientras continúe en funciones.
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