El 18 de julio del 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidido por la congresista María Acuña (hermana de César Acuña Peralta) archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el delito de homicidio calificado por la muerte de 44 personas en el Perú durante las protestas contra su gobierno, las cuales incluyen las víctimas del 15 de diciembre en Ayacucho, por tanto se detalla cómo se dio todo este proceso desde que se presentó en julio del 2024.
¿Cómo se dio la sesión?
En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista José Jerí Oré, parlamentario del partido Somos Perú, fue el encargado de exponer las conclusiones del informe final de la Denuncia Constitucional 509.
El parlamentario señaló; “No se ha identificado órdenes directas, actuaciones dolosas, ni se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos que se pudo evidenciar en ese periodo de tiempo”.
Con esto libró a Dina Boluarte y a sus ministros de la vinculación con las 44 muertes que pesan sobre su gobierno afirmando que no hubo órdenes directas a los soldados para que dispararan a las personas que marchaban contra su gobierno.
El mismo congresista continuó, “No se han presentado a la fecha elementos de convicción suficientes que acrediten fehacientemente, de manera indubitable y objetiva, la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados”.
Seguidamente recomendó el archivo de la denuncia constitucional; “sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones en el ámbito de sus competencias, a fin de establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a derecho”.
Voto sin debate
Tras la breve exposición del parlamentario, se procedió a la votación sin un previo debate; así se aprobó el archivamiento de esta denuncia constitucional contra la presidenta con 12 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones.
Quienes votaron a favor fueron los parlamentarios Jorge Montoya Manrique, , Marta Moyano, Victor Flores Ruiz y Héctor Ventura Ángel (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger Ballesteros, María Acuña Peralta y Nilza Chacón Trujillo (Alianza para el Progreso), María Jauregui y Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), Segundo Quiroz Barboza y José Jerí Oré (Somos Perú).
Los votos en contra fueron de Flavio Cruz Mamani y el congresista Pasión Dávila Atanacio, quien cambió su voto tras haber votado a favor.
¿Cómo se originó esta denuncia?
El 30 de julio del 2024 el Ministerio Público informó que el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, interpuso una Denuncia Constitucional contra la presidente de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra y los exministros de Estado Pedro Miguel Angulo Aranda, Luis Alberto Otárola Peñaranda.
También se incluyó en la denuncia a César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la posible comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Graves y Lesiones Leves, tipificados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.
En la denuncia se señaló que los hechos eran sobre las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero del 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. Donde se registró un total de 44 personas fallecidas, de las cuales 41 fueron por arma de fuego de las Fuerzas del Armadas y 3 por golpes con objeto contundente.
La misma denuncia también incluyó como agraviados a 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves, de las cuales 78 fueron ocasionades por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe son objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Si embargo fue meses después, en el 22 de noviembre del 2024, cuando la misma Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con su presidenta María Acuña, recién la admitieron a trámite.
Entorpecimiento al EFICAVIP
Meses antes de este archivamiento, el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), equipo de fiscales encargados de investigar la muerte de 50 y 716 personas lesionadas a nivel nacional durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, una organización de derechos humanos alertó de una grave irregularidad.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) alertó en abril del 2025, que la fiscal superior Raquel Cárdenas Manrique, quien se desempeñaba hasta entonces como coordinadora del Área Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad y titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional; además era la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), fue apartada de sus funciones.
Aprodeh denunció que en su reemplazo se puso a la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, quien no contaba con experiencia comprobada en el ámbito de los derechos humanos y provenía del área de corrupción de funcionarios.
Así calificó esta situación como un quiebre en la continuidad y especialización de las investigaciones, agregó que a esto se sumó la designación de nuevos fiscales provinciales, “interrumpiendo una estrategia investigativa que se encontraba en curso, justo cuando los plazos legales para las diligencias están próximos a vencerse”.
Archivamiento no elimina el proceso
Tras este archivamiento de esta denuncia constitucional, la organización Amnistía Internacional expresó su indignación y expresó; “Recordamos a las autoridades su deber de desplegar todos los esfuerzos para investigar y garantizar la verdad y acceso a la justicia de todas las víctimas”.
Así mismo continuó; “Seguiremos acompañando a las familias de las 50 personas asesinadas en el contexto de la represión estatal, entre ellos menores de edad, y a los centenares de personas heridas, que hoy no pueden continuar con sus proyectos de vida, en su búsqueda de justicia”.
Por lo que este archivamiento no afectará a las investigaciones que tiene la el Ministerio Público y por tanto continuará la lucha legal de los deudos de las víctimas ocurridas por las represión de las fuerzas del orden.
Nota:
Este artículo se basa en información de la Sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del día 18 de julio del 2025 y posturas de organizaciones de derechos humanos.
Enlace 1: https://www.youtube.com/watch?v=gil6AaoslnU&list=PLfVIxRaemgNoKpAdrKMVWxeTj66_wrI03&index=2
Enlace 2: https://x.com/FiscaliaPeru/status/1818333269902918127/photo/1
Enlace 5: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6408433/65234-boletin-eficavip-n-1.pdf
Enlace 6: https://x.com/amnistiaperu/status/1947302320498253905
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