Con 35 votos a favor, 35 en contra y 15 abstenciones, el Congreso de la República aprobó en primera votación una nueva Ley de Promoción Agraria. La norma, respaldada principalmente por congresistas del norte del país, plantea una serie de beneficios tributarios para las grandes agroexportadoras.
Entre los principales cambios, se contempla una reducción del Impuesto a la Renta del 29,5 % al 15 % por un periodo de diez años (2026–2035), créditos por reinversión, depreciación acelerada y la recuperación anticipada del IGV. Además, se propone que las exoneraciones fiscales no tengan límite de tiempo, lo que convertiría estos beneficios en permanentes.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta medida tendría un costo fiscal estimado de 1.880 millones de soles anuales y más de 20 mil millones de soles entre 2025 y 2035. El propio MEF ha indicado que menos de 20 empresas serían las principales beneficiadas, entre ellas Camposol, Danper, Agrícola Cerro Prieto y Agrovisión Perú.
Desde el ámbito laboral, organizaciones como la CGTP y expertos advierten que la norma debilita la fiscalización de Sunafil en empresas formales, mientras el 94 % de los contratos en el sector agrario siguen siendo temporales y la tasa de sindicalización ha caído a apenas 2 %.
Críticos han señalado similitudes con la ley aprobada en los años 2000 —conocida como “Ley Chlimper”—, que también otorgó beneficios al sector agroexportador y fue derogada tras años de protestas, represión y conflictos laborales. Desde 2020, al menos cinco trabajadores han muerto en protestas agrarias, y solo dos suboficiales de la Policía han sido condenados por estos hechos.
La norma aún debe pasar por una segunda votación para su aprobación definitiva.
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