El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso que plantea transferir los Centros de Emergencia Mujer (CEM) al Ministerio de Justicia ha generado preocupación y rechazo en colectivos de derechos humanos. Desde el Movimiento Manuela Ramos, su coordinadora regional, Janet Arones, calificó la propuesta como “un retroceso peligroso” en la protección de los derechos de las mujeres.
“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en políticas de igualdad. Quitarle los CEM es debilitar su capacidad de respuesta y vaciarlo de una de sus funciones más importantes. Esto no es una mejora, es un retroceso institucional”, sostuvo Arones en entrevista con Jornada.
Actualmente, los CEM brindan atención legal, psicológica y social a mujeres víctimas de violencia, así como actividades de prevención articuladas con gobiernos locales y regionales.
“No se trata solo de justicia formal. Los CEM representan un enfoque humano, integral, que no puede reducirse a una mirada judicial. Si se concreta esta reforma, se está desmantelando una política pública con años de desarrollo”, alertó.
En la región Ayacucho funcionan 15 CEM. Solo el año pasado atendieron más de 5,300 casos, el 85 % correspondientes a mujeres.
“Estamos hablando de víctimas reales, muchas de ellas niñas y adolescentes. ¿Qué pasará con ellas cuando el sistema se vuelva más frío, más burocrático y menos especializado?”, cuestionó la vocera.
Arones también remarcó que el Congreso aprobó este dictamen sin convocar al Ministerio de la Mujer ni a colectivos especializados.
“No hay sustento técnico. No se ha evaluado el impacto real de esta decisión. Y lo más grave: no se ha escuchado a quienes estamos en el territorio, atendiendo a las víctimas”, expresó.
Desde Manuela Ramos insisten en que el traslado de los CEM al Ministerio de Justicia fragmentaría la atención y debilitaría los esfuerzos preventivos.
“Se pierde la articulación con gobiernos locales, se rompe la estrategia comunitaria y se invisibiliza el enfoque de género. En lugar de avanzar, retrocedemos décadas”, afirmó.
Finalmente, la vocera hizo un llamado a no guardar silencio:
“Pedimos a la ciudadanía, a las autoridades locales y a las organizaciones sociales que alcen la voz. Las mujeres pobres serán las más afectadas. No permitamos que una decisión apresurada borre años de lucha y de construcción de un sistema que, aunque aún insuficiente, ha salvado vidas”.
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