En medio de una preocupante ola de violencia contra las mujeres, la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el pasado 15 de abril un dictamen que dispone la absorción de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por una nueva superintendencia del Ministerio de Justicia, debilitando un servicio clave del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Según denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la iniciativa fue impulsada por los congresistas Américo Gonza, Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón, y busca reemplazar el modelo integral de atención de los CEM —que combina apoyo legal, psicológico y social— por una oficina que solo brindaría asesoría jurídica.
Actualmente, los CEM representan el 20 % del presupuesto del MIMP (más de 209 soles millones) y atienden a miles de víctimas en sus 433 sedes a nivel nacional. Solo entre enero y abril de este año, el programa Warmi Ñan (antes Aurora) registró 58 feminicidios, es decir, uno cada dos días.
El dictamen fue aprobado sin consulta al MIMP, entidad especializada en políticas de atención y prevención de violencia de género, lo que ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos, activistas y especialistas.
En respuesta, el Ministerio de la Mujer envió un oficio al Congreso alertando que esta reforma “afectaría a miles de mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”. También la Comisión de la Mujer, presidida por María Córdova, solicitó revisar el proyecto ante los posibles impactos negativos en el modelo de atención vigente.
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