Durante la ceremonia por el 44° aniversario del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por una serie de normas y proyectos legislativos que, según indicó, podrían afectar la autonomía institucional y la eficacia en la lucha contra la criminalidad.
En su discurso, Espinoza recordó que el país se rige por un Estado constitucional de derecho y señaló que, en ese marco, el Ministerio Público ha interpuesto las acciones legales correspondientes ante el Tribunal Constitucional. Actualmente, se encuentra en evaluación una demanda de inconstitucionalidad relacionada con dichas medidas.
Uno de los temas señalados fue la reciente promulgación de la Ley N.° 32326, que establece la responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años como si fueran adultos. Espinoza advirtió que esta disposición podría favorecer la criminalización de menores y facilitar su instrumentalización por parte de organizaciones delictivas, al tiempo que cuestionó la ausencia de un enfoque preventivo.
Otro punto abordado fue la modificación de la Ley de Extinción de Dominio. La fiscal sostuvo que los cambios introducidos reducen la capacidad del Estado para recuperar bienes de origen ilícito, lo que podría facilitar la impunidad en delitos patrimoniales complejos. Indicó que se emprenderán acciones legales para revertir dicha reforma.
Asimismo, expresó su preocupación por iniciativas legislativas que buscan otorgar al Congreso la facultad de elegir a fiscales y jueces supremos, así como modificar el reglamento parlamentario para reducir el número de votos necesarios en decisiones sobre altos funcionarios. Afirmó que estas propuestas afectarían el equilibrio entre poderes y debilitarían el sistema democrático.
En relación con la cooperación internacional, Espinoza también alertó sobre proyectos que pretenden restringir el apoyo técnico externo al Ministerio Público, los órganos electorales y la Contraloría General. Señaló que estas restricciones podrían limitar el acceso a herramientas clave en la lucha contra delitos como el lavado de activos y la corrupción.
Finalmente, la titular del Ministerio Público informó que se han presentado seis proyectos de ley destinados a mejorar las condiciones laborales del personal fiscal, médico-legal y administrativo. También se han emitido 27 opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas en materia penal. Del total, muchas no habrían sido tomadas en cuenta por el Congreso. En paralelo, destacó la firma de 27 convenios de cooperación institucional, incluidos 10 con gobiernos regionales.
Espinoza reiteró el llamado a una mayor coordinación entre el Congreso y el Ministerio Público en la elaboración de leyes que incidan en el sistema de justicia, con el objetivo de garantizar una institucionalidad sólida y eficaz.
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