La desactivación del Eficavip por parte del Ministerio Público reavivó los temores de impunidad entre familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. El equipo especial investigaba las muertes y graves lesiones ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, que dejaron más de 60 fallecidos en el país, incluidos casos en Ayacucho, según la Defensoría del Pueblo.
Para Tania Pariona, excongresista y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la decisión representa un serio retroceso en el acceso a la justicia y se inscribe en un contexto de debilitamiento institucional. Advirtió que el Ministerio Público enfrenta presiones políticas y una pérdida de autonomía, lo que pone en riesgo investigaciones sensibles.
Desde la CNDDHH alertan que el Eficavip concentraba al menos 50 carpetas fiscales por presuntas ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza. Con su desactivación, los casos pasarán a nuevos fiscales que no los siguieron desde el inicio, lo que podría dilatar o retroceder las investigaciones. Ya se reportan audiencias postergadas y diligencias suspendidas, generando mayor desgaste y revictimización de las familias.
La medida se produce en un escenario electoral, cuando varios congresistas buscan la reelección, y reabre el debate sobre la responsabilidad política frente a las muertes en protestas. Pariona llamó a un voto con memoria, advirtiendo sobre discursos que estigmatizan a las víctimas y consolidan la impunidad, en un contexto donde el Congreso registra más del 90 % de desaprobación, según el IEP.
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