El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, cerrando la investigación por lavado de activos y organización criminal seguida durante años contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. La decisión fue emitida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que ejecutó una sentencia previa del Tribunal Constitucional y ordenó levantar todas las medidas restrictivas personales y patrimoniales que pesaban sobre la lideresa política y otros investigados.
El juzgado concluyó que los hechos imputados no constituyen delito, al considerar que se aplicó de manera retroactiva la ley penal. Según la resolución, la figura de “receptación patrimonial” dentro del delito de lavado de activos recién fue incorporada al marco legal en noviembre de 2016, mientras que los aportes cuestionados corresponden a campañas electorales anteriores. Además, al momento de los hechos investigados, no existía el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
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El fallo extiende sus efectos a más de treinta coprocesados y al propio partido Fuerza Popular, antes Fuerza 2011. Entre los beneficiados figuran Pier Paolo Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Augusto Bedoya. El juez aplicó el principio de igualdad ante la ley, al señalar que todos se encontraban en la misma situación respecto a la recaudación de fondos con fines electorales.
Pese al archivo de los delitos más graves, la resolución mantiene vigentes las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra un grupo específico de investigados, incluida Fujimori. No obstante, el juzgado señaló que la estructura central del caso ya fue anulada, por lo que devolvió el requerimiento al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento, debidamente sustentado, sobre esos cargos restantes.
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La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que el fallo confirma que no existió lavado de activos ni organización criminal y afirmó que el proceso careció de base legal. También indicó que su defendida no solicitará indemnización al Estado por los quince meses que permaneció en prisión preventiva.
En paralelo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió por seis meses al fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. La medida se basa en presuntas faltas graves vinculadas a deficiencias en la acusación del caso Cócteles, las cuales, según el órgano de control, afectaron el debido proceso y la correcta administración de justicia.
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