En las últimas semanas, la candidatura presidencial de Alfonso López-Chau, líder del partido Ahora Nación, se vio envuelta en una serie de cuestionamientos. Las acusaciones giran en torno a que el candidato no declaró ante las autoridades electorales que estuvo recluido en un penal en la década de 1970.
El propio López-Chau respondió públicamente a los señalamientos a través de su cuenta de X. Allí explicó que su detención ocurrió durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y tuvo un carácter estrictamente político. Según su versión, fue privado de su libertad por participar en protestas contra la dictadura y, meses después, fue beneficiado con una amnistía, como ocurrió con numerosos opositores del régimen.
Un oficio emitido por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial señala que Alfonso López-Chau no registra sentencia condenatoria consentida ni ejecutoriada en el Registro Nacional de Condenas.
Pese a ello, desde ciertos espacios políticos y mediáticos se insistió en presentar el caso como una supuesta omisión grave en su hoja de vida. Para especialistas en derecho electoral, esta interpretación carece de sustento. Abogados como José Naupari y Enzo Elguera explicaron que la normativa electoral obliga a declarar sentencias condenatorias firmes, no detenciones políticas ni privaciones de libertad que no culminaron en juicio o condena.
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Más allá del aspecto jurídico, el tratamiento mediático del caso despierta comparaciones inevitables con episodios del pasado reciente. Recordemos las campañas de demolición impulsadas por la llamada prensa chicha durante el año 2000, cuando se buscó desacreditar a Alberto Andrade, principal opositor a la reelección de Alberto Fujimori. En aquel entonces, acusaciones sin pruebas, titulares sensacionalistas y medias verdades fueron utilizadas para erosionar la imagen pública de los adversarios políticos del régimen.
Desde Ahora Nación, el partido defendió la trayectoria de su líder y recordó que López-Chau pudo desempeñar cargos de alta responsabilidad pública y académica, como rector universitario, funcionario del Banco Central de Reserva y catedrático del CAEM, sin que en ningún momento se le observara impedimento legal alguno. Para la organización política, estos antecedentes confirman que no existieron restricciones judiciales ni penales que cuestionen su idoneidad.
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