La reciente entrega de un bono extraordinario equivalente a cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cerca de 27,000 soles, a los trabajadores del Congreso de la República ha generado una nueva ola de cuestionamientos por la oportunidad del pago, su carácter reservado y el contexto económico que enfrenta el país.
El beneficio alcanzó a cerca de 4,000 trabajadores del Parlamento y se suma a otros ingresos percibidos a fines de año, como gratificaciones y asignaciones por escolaridad. La medida se conoció en medio de un escenario de estrechez económica para millones de familias, lo que intensificó las críticas desde distintos sectores políticos.
El excongresista Juan Sheput calificó el pago como “grotesco” y “repudiable”, al considerar que no guarda proporción con la realidad nacional ni con las funciones que desempeñan los beneficiados. Señaló además que el bono se habría otorgado de manera poco transparente y sin una justificación clara frente a la ciudadanía.
Sheput también sostuvo que la entrega respondería a presiones ejercidas por el sindicato del Congreso ante una Mesa Directiva que calificó de “débil o cómplice”. Según su evaluación, los argumentos sobre un supuesto “trabajo excepcional” no se condicen con los amplios periodos de descanso y vacaciones que, afirma, tienen los trabajadores legislativos durante el año.
A las críticas se sumaron voces desde el propio hemiciclo. La bancada de Renovación Popular expresó su rechazo al bono, al considerarlo desproporcionado. En la misma línea, la congresista Katy Ugarte pidió contrastar estos beneficios con las condiciones salariales de otros sectores del Estado que operan bajo criterios de austeridad.
Por su parte, el congresista Guido Bellido exigió que la presidencia del Congreso brinde explicaciones detalladas sobre el sustento legal y presupuestal del pago. Señaló que la Mesa Directiva debe informar con claridad a la ciudadanía sobre las razones de esta asignación extraordinaria.
El cuestionamiento se amplió al recordar que este no es un hecho aislado. En enero del año pasado, el Congreso aprobó un bono de cuatro UIT, y en otras ocasiones el sindicato ha planteado compensaciones adicionales por cumplimiento de objetivos. Estos antecedentes refuerzan la percepción de privilegios sostenidos mediante negociaciones internas.
A ello se suman críticas por el estado de la infraestructura del Legislativo. Sheput afirmó que, pese a los elevados desembolsos en beneficios laborales, diversas áreas del Congreso presentan un marcado deterioro, con espacios que requieren atención urgente.
La entrega del bono vuelve a colocar al Congreso en el centro del debate público sobre el uso de recursos del Estado, la transparencia en las decisiones administrativas y la necesidad de una mayor austeridad en una institución cuya desconexión con la realidad nacional es cada vez más cuestionada.
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