El Congreso de la República alista un nuevo capítulo en el debate sobre la formalización minera en el país. La Comisión de Energía y Minas, junto con la Comisión de Inclusión Social, elaboró un predictamen que propone extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, unificando cuatro proyectos de ley acumulados ante la caducidad del proceso actual en diciembre de 2025.
El documento reúne las iniciativas legislativas 11871, 12727, 12871 y 12973, que coinciden en la necesidad de ampliar el proceso de formalización para evitar la exclusión de miles de mineros artesanales y pequeños productores (MAPE). El texto plantea modificar el Decreto Legislativo N.° 1293 e incluye medidas complementarias, como la suspensión de exclusiones del registro y la reincorporación de mineros retirados, mientras se diseña un nuevo marco legal más estable.
El predictamen advierte que, a octubre de 2025, solo el 7% de los mineros inscritos opera en concesiones propias, mientras que el 93% restante depende de contratos con terceros, lo que ha frenado el proceso de formalización.
“La resistencia de los concesionarios a firmar acuerdos limita el avance, por eso es necesario un régimen transitorio que evite un colapso social y económico en las zonas mineras”, manifestaron desde el Parlamento.
El sector MAPE involucra directa o indirectamente a un millón de familias y representa cerca del 25 % del oro exportado por el Perú. Genera 2.1 millones de empleos y contribuye al 9 % del PBI nacional. No obstante, especialistas advierten que prolongar el REINFO podría perpetuar la informalidad y dificultar el control ambiental.
Durante la discusión, gremios mineros calificaron el proceso como “estructuralmente inviable” por los trámites burocráticos, mientras que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) cuestionaron la extensión, proponiendo una Ley MAPE con estándares ambientales y trazabilidad del oro.
El Ministerio de Energía y Minas respalda la ampliación, pero exige simplificación de procesos; el Ministerio del Ambiente pide que el apoyo se enfoque en operaciones que respeten normas ambientales, y la Autoridad Nacional del Agua advierte sobre riesgos para los recursos hídricos si no hay fiscalización efectiva.
El predictamen se sustenta en derechos constitucionales y pactos internacionales, e incluye la reincorporación de mineros sancionados. El Ejecutivo tendrá 90 días para adecuar el reglamento del Reinfo a los nuevos cambios.
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