El congresista Edwin Martínez Talavera, de la bancada Acción Popular, presentó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval y Raúl Pérez Reyes, por la presunta ampliación irregular del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, administrado por la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur S.A.).
Según el documento ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el Ejecutivo aprobó la adenda número 5 mediante el Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, suscrito en octubre de 2025, que habría extendido el contrato por 30 años adicionales sin convocatoria a concurso público ni informes técnicos o económicos actualizados que justificaran la medida.
El parlamentario sostiene que esta decisión vulneró los principios de libre competencia y transparencia establecidos en la Constitución, al prorrogar un contrato aún vigente hasta el año 2029 sin la debida evaluación.
“Se habría favorecido indebidamente a la concesionaria y restringido la posibilidad de que otros postores participen en igualdad de condiciones”, argumentó Martínez.
Asimismo, la denuncia plantea que la extensión anticipada del contrato se aprobó sin los mecanismos de control presupuestal y sin valoración de conveniencia técnica o financiera, lo que podría configurar presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
El legislador solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admita la denuncia y remita el caso al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades. De comprobarse los hechos, se pide la inhabilitación de los denunciados por diez años del ejercicio de la función pública.
Especialistas en derecho administrativo señalaron que una prórroga de esa magnitud sin concurso público podría afectar la libre competencia en el sector portuario, y destacaron la necesidad de que cada concesión responda a evaluaciones técnicas y no a decisiones discrecionales.
El caso se suma a otras investigaciones sobre decisiones adoptadas durante la gestión de Dina Boluarte, relacionadas con adendas y contratos en sectores estratégicos, lo que mantiene bajo observación las políticas ejecutivas en materia de concesiones públicas.
