El Tribunal Constitucional (TC) ordenó archivar el caso Cócteles, en la que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 14 implicados eran investigados por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. El fallo, respaldado por cinco magistrados, concluyó que la acusación relacionada con los aportes económicos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 “carecía de sustento jurídico”.
Según la resolución, los magistrados sostuvieron que antes de noviembre del 2016 no se configuraba como delito de lavado de activos la recepción de dinero con fines de campaña política. Por ello, consideraron inválido el proceso seguido por el Ministerio Público. Sin embargo, el TC precisó que el fallo “no declara la inocencia ni la culpabilidad” de Fujimori, sino que anula el proceso judicial por no tener base legal.
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No obstante, la decisión despertó fuertes reacciones. La expresidenta del TC, Marianella Ledesma, calificó el fallo como “abiertamente inconstitucional”. En declaraciones a medios, cuestionó que se utilizara un habeas corpus para anular una investigación penal, pese a que Fujimori no enfrenta una amenaza a su libertad personal.
“Se ha construido un mensaje jurídico a quien no le corresponde ser tutelada bajo este mecanismo”, advirtió.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, criticó duramente la resolución. En entrevista con La República, señaló que el fallo “forma parte de un paquete de sentencias que debilitan la lucha del Estado contra el crimen”. Además, advirtió que la decisión del TC podría impactar en otros procesos emblemáticos, como los que involucran al expresidente Ollanta Humala y a la exalcaldesa Susana Villarán.
Pérez también lamentó que el Tribunal no haya considerado la confesión de la empresa brasileña Odebrecht, que reconoció el financiamiento de campañas políticas en Perú.
“La única manera de frustrar que Fujimori responda ante la justicia era a través de la justicia constitucional”, declaró, insinuando una influencia política en la composición actual del TC.
En otra entrevista, para Hildebrandt en sus Trece, el fiscal no descartó renunciar al Ministerio Público, al considerar que el fallo responde a “razones políticas, no jurídicas”. Alertó, además, que “el ataque va a continuar” contra los fiscales que investigan casos de corrupción.
Por su parte, Keiko Fujimori reapareció públicamente para respaldar la decisión y defendió la legitimidad de los aportes recibidos por Fuerza Popular. Si bien no descartó que su partido pueda presentar denuncias contra los fiscales Pérez y Rafael Vela, evitó responder si el Congreso —dominado por partidos afines al fujimorismo— influyó en la elección de los actuales magistrados del TC. “Cada miembro del Tribunal tiene amplia trayectoria”, sostuvo.
El fallo también provocó la reacción del expresidente Ollanta Humala, quien aseguró que “peleará por su libertad”, dado que la sentencia del TC sienta un precedente.
| > Giulliana Loza interpuso el habeas corpus en febrero de 2024, alegando vulneración del derecho a la defensa de Fujimori. |
| > Fiscales advierten que este fallo podría afectar los juicios de Ollanta Humala y Susana Villarán. |
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