El pronunciamiento de Manuela Ramos encendió el debate nacional sobre la legitimidad moral del presidente José Jerí Oré. La organización criticó que el mandatario continúe en el cargo pese a haber enfrentado una denuncia por violación sexual, archivada por el Ministerio Público, y advirtió que el caso deja un mensaje de impunidad frente a la violencia en el país.
“Permitir que alguien con una denuncia tan grave, aunque haya sido archivada, lidere el país es decirles a las víctimas que la justicia no importa”, manifestó Elga Prado, coordinadora nacional del Programa de Autonomía Física de la organización Manuela Ramos.
La vocera recordó que el Perú registra más de 18 mil denuncias por violación cada año, la mayoría contra niñas y adolescentes, y alertó que este tipo de hechos deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.
El colectivo también apuntó a la conducta pública del mandatario, a quien atribuyen actitudes “poco éticas” y “distantes de los valores democráticos”. Cuestionaron además su respaldo a las fuerzas del orden pese a los recientes hechos de represión que dejaron un fallecido durante protestas ciudadanas.
“En lugar de promover el diálogo, se premia la represión. Eso refleja un liderazgo autoritario y un desprecio por los derechos humanos”, afirmó la vocera.
Manuela Ramos sostuvo que la permanencia de Jerí agrava la crisis de representación política y pone en duda el compromiso del Estado con la lucha contra la violencia de género.
“No nos merecemos autoridades con sombras éticas. La democracia necesita coherencia, no discursos vacíos”, concluyó.
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