En el segmento “Jornada Electoral”, la candidata al Senado nacional (N.º 4) por el partido Ahora Nación, Mirtha Vásquez, presentó sus principales propuestas de cara a las Elecciones Generales 2026. La expresidenta del Congreso y extitular del Consejo de Ministros centró su discurso en la necesidad de restablecer el equilibrio de poderes, fortalecer las instituciones y atender problemáticas urgentes como la inseguridad, la minería ilegal y la justicia para las víctimas de las protestas sociales.
Vásquez advirtió que la actual configuración del sistema político, con el retorno a la bicameralidad, concentra un alto nivel de poder en el Senado. Según explicó, esta cámara —integrada por 60 miembros— tendría un rol determinante en la toma de decisiones nacionales, lo que obliga a garantizar perfiles democráticos y comprometidos con la institucionalidad.
EQUILIBRIO DE PODERES Y CONTROL INSTITUCIONAL
La candidata planteó como prioridad recuperar mecanismos de control sobre el poder político. Entre sus propuestas, mencionó la restitución de herramientas como el referéndum y el fortalecimiento de la autonomía de entidades clave como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.
Diversos analistas señalaron en los últimos años que la independencia de estas instituciones es fundamental para el funcionamiento democrático. Informes de organismos especializados coinciden en que la debilidad institucional afecta la capacidad del Estado para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley.
En ese sentido, Vásquez consideró que el Senado debe asumir un rol activo de fiscalización, incluso promoviendo denuncias constitucionales cuando corresponda, con el objetivo de evitar la concentración de poder y garantizar un sistema de pesos y contrapesos.
JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACIÓN
Otro eje central de su propuesta es la atención a las víctimas de las protestas sociales ocurridas entre 2022 y 2023. Vásquez sostuvo que el país no puede reconstruirse sin justicia y señaló que existe una deuda pendiente con las familias afectadas.
Cabe recordar que, según reportes de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos, las protestas registradas en ese periodo dejaron más de 50 fallecidos en distintas regiones del país, principalmente en el sur andino.
La candidata planteó impulsar el avance de los procesos judiciales para sancionar a los responsables y promover medidas de reparación para las familias. Asimismo, indicó que desde el Senado se podrían retomar denuncias constitucionales que fueron archivadas, siempre dentro del marco legal.
MINERÍA, CONFLICTOS Y ROL DEL ESTADO
En materia económica, Vásquez abordó la problemática de la minería formal e informal. Respecto a su gestión como presidenta del Consejo de Ministros, defendió su actuación en el caso de unidades mineras en Ayacucho, señalando que se trató de exigir el cumplimiento de plazos establecidos por las propias empresas.
Explicó que el Estado debe garantizar seguridad jurídica tanto para las empresas como para la ciudadanía, lo que implica hacer cumplir las normas vigentes. Sin embargo, reconoció que en la práctica existen tensiones entre el desarrollo económico y los impactos ambientales, especialmente en zonas rurales.
Sobre la minería ilegal, advirtió que su expansión representa un grave problema nacional. Cuestionó el marco normativo vigente, señalando que facilitaría la operación de actividades informales sin suficiente control. Este diagnóstico coincide con reportes oficiales que alertan sobre el crecimiento de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Puno y Cajamarca, así como sus efectos en el medioambiente y la seguridad.
BALANCE DE GESTIÓN Y POSTURA POLÍTICA
Consultada sobre su participación en el gobierno de Pedro Castillo, Vásquez reconoció que fue una gestión con dificultades, aunque también destacó algunos logros, como el avance en la vacunación contra la COVID-19 y la gestión de conflictos sociales sin recurrir a estados de emergencia.
Asimismo, señaló que marcó distancia de decisiones que consideró inadecuadas, lo que motivó su salida del Ejecutivo. Indicó que no enfrenta denuncias por corrupción y que su trayectoria se mantuvo dentro de la legalidad.
Finalmente, la candidata hizo un llamado a la ciudadanía a informarse antes de votar y evaluar a los candidatos, en un contexto que calificó como “crítico” para el país.
