A pocos meses del término de su gestión, la Mesa Directiva del Congreso aprobó una medida que convierte en indefinidos los contratos de un grupo de trabajadores, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.
El acuerdo, emitido el 29 de diciembre de 2025 mediante el Acuerdo 101-2025-2026/MESA-CR, establece que los servidores con más de cuatro años de labor ininterrumpida bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 pasarán de contratos a plazo fijo a contratos a plazo indeterminado. Esta modificación elimina la fecha de vencimiento de sus vínculos laborales y establece que solo podrán ser cesados por causa justificada, despido arbitrario o mediante indemnización.
La disposición también incluye a trabajadores con más de cinco años de servicios acumulados bajo los regímenes 728 y/o Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como a aquellos con más de diez años de servicio discontinuo en estas modalidades.
De acuerdo con el documento, la medida beneficia a un total de 11 trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos. La propuesta fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) y contó con el respaldo del área de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que informó sobre la disponibilidad de recursos para su implementación.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas. El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi calificó el acuerdo como “grave” y consideró que debería ser investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Según indicó, no se justificaría la necesidad de adoptar una medida de este tipo en la actual coyuntura, teniendo en cuenta el tamaño de la planilla del Congreso y su presupuesto anual.
Asimismo, advirtió que la decisión podría responder a un posible favoritismo, al haberse aprobado a pocos meses del cierre de la gestión parlamentaria. También cuestionó que no se haya aprobado el estatuto parlamentario, el cual —según señaló— buscaba establecer mecanismos de control en la contratación de personal.
El acuerdo se da en un contexto en el que el Congreso mantiene una planilla de aproximadamente 4 mil trabajadores y un presupuesto anual cercano a los 1,700 millones de soles, lo que ha reavivado el debate sobre la gestión de recursos humanos en el Parlamento.
