La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que modifica la Ley 30309, norma que promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica (I+D+i) en el país. La iniciativa, sustentada en los proyectos de ley 8629/2024-CR y 13209/2025-PE, recibió 17 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
El dictamen introduce cambios en los artículos 4 y 7 de la ley vigente con el objetivo de ampliar los incentivos tributarios, reforzar los mecanismos de fiscalización y otorgar mayor predictibilidad normativa a las empresas que invierten en proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
Uno de los principales ajustes se da en el fortalecimiento de la fiscalización de los proyectos que acceden a los beneficios tributarios. A partir de la modificación, las entidades públicas o privadas encargadas de la calificación y autorización deberán supervisar la ejecución de los proyectos e informar sus resultados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), conforme a los plazos que establezca el reglamento.
Cuando esta función sea asumida por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), los resultados de la fiscalización deberán ser comunicados a la administración tributaria mediante resolución de superintendencia, con el fin de fortalecer la transparencia y el control del uso de los incentivos fiscales.
En cuanto a la vigencia del beneficio tributario, el dictamen establece su aplicación para proyectos iniciados desde 2016 y su extensión hasta el 31 de diciembre de 2028. Asimismo, se precisa que los proyectos calificados dentro de ese periodo podrán aplicar la deducción adicional de gastos hasta el 31 de diciembre de 2030, aun cuando su ejecución concluya después del plazo principal.
Durante la sustentación de la propuesta, se informó que la Ley 30309 permite actualmente deducciones adicionales del 140 %, 90 % y 60 % en la determinación anual del Impuesto a la Renta, según el tipo de proyecto. Con la modificación aprobada, estos porcentajes se incrementan hasta un máximo de 240 % para empresas que desarrollen directamente actividades de investigación y desarrollo, y hasta 190 % cuando los proyectos se ejecuten a través de centros de investigación acreditados.
La norma también incorpora un 5 % adicional de deducción para los proyectos que contraten investigadores peruanos residentes en el extranjero, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el capital humano especializado.
El dictamen cuenta con opinión favorable del Concytec, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Sunat. Además, reduce los plazos de calificación de los proyectos a un máximo de 35 días hábiles, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos.
De acuerdo con las disposiciones finales, la ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, siempre que sea aprobada en segunda votación y promulgada por el Poder Ejecutivo.
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