El Congreso aprobó en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, una decisión que ha generado cuestionamientos de especialistas, organizaciones ambientales y representantes indígenas, quienes alertan que extender el proceso sin una reforma estructural podría profundizar la minería ilegal en el país.
El debate se centra en que el Reinfo, creado como un mecanismo temporal de formalización, no ha logrado cumplir su objetivo y, por el contrario, habría servido para que actividades ilegales operen bajo un marco de aparente legalidad. Para los analistas, la ampliación del plazo sin cambios de fondo prolonga un esquema que mantiene altos niveles de informalidad y debilita la capacidad de control del Estado.
Uno de los principales riesgos señalados es la infiltración de economías ilegales en la política. El director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, advirtió que la minería ilegal genera alrededor de 4 mil millones de dólares al año, recursos que podrían ser utilizados para financiar campañas electorales y fortalecer redes criminales. Según indicó, incluso una fracción mínima de esos ingresos representa una amenaza significativa para la democracia y la institucionalidad.
A esta medida se suma la propuesta de reincorporar cerca de 50 mil registros del Reinfo que fueron excluidos en julio de este año. Especialistas advierten que esta iniciativa ampliaría los márgenes de impunidad y dificultaría aún más la fiscalización de la actividad minera.
Desde una perspectiva institucional, el exministro del Ambiente Gabriel Quijandría sostuvo que enfrentar la minería ilegal requiere una respuesta articulada del Estado. Señaló que no puede recaer en una sola entidad y que se necesita una política pública coherente entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema de justicia para reducir el impacto de estas economías ilícitas.
En el ámbito empresarial, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que el Ministerio de Energía y Minas debe fortalecer los mecanismos de fiscalización mediante convenios con entidades como el OEFA y Osinergmin. Añadió que la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala debe basarse en criterios técnicos, sostenibles y con controles efectivos.
Las advertencias también alcanzan el plano ambiental y de derechos humanos. El abogado ambientalista César Ipenza recordó que el Tribunal Constitucional exhortó a los poderes del Estado a no establecer exenciones de responsabilidad penal en los procesos de formalización minera. Advirtió que insistir en una nueva ampliación del REINFO podría contravenir este pronunciamiento y generar consecuencias para el Estado en instancias internacionales.
Desde los territorios afectados, el líder indígena Julio Cusurichi, representante de Aidesep, señaló que la ampliación del Reinfo incrementa los riesgos para las comunidades y defensores ambientales, al exponerlos a mayor violencia y vulnerar derechos colectivos.
Asimismo, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Paola Bustamante alertó que las economías ilegales vinculadas a la minería aumentan la exposición de niños y adolescentes a delitos como la trata de personas y la explotación sexual, especialmente en zonas con limitada presencia del Estado.
Con una segunda votación aún pendiente, el debate sobre el Reinfo se mantiene abierto. Para los especialistas, insistir en la ampliación sin reformas estructurales podría consolidar un modelo fallido con impactos ambientales, sociales y democráticos. En contraste, replantear el proceso de formalización aparece como una oportunidad para fortalecer el control estatal y reducir la influencia del dinero ilegal en la política.
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