El Pleno del Congreso aprobó, con 71 votos a favor, el informe final que inhabilita por 10 años a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza para ejercer cargos públicos. La acusación sostiene que la exmagistrada desacató la Ley 32130, normativa aprobada en 2024 que devolvió a la Policía Nacional la dirección de las investigaciones preliminares.
Además, con 63 votos, el Parlamento también aprobó el levantamiento de su fuero, lo que abre la puerta a que la Fiscalía —institución que ella misma lideró— pueda investigarla por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Mientras algunas bancadas calificaron la decisión como un acto de “coherencia institucional”, especialistas advierten que el caso representa un precedente complejo para la autonomía del Ministerio Público.
Defensa de Espinoza: “Es una maniobra política”
En su intervención ante el Pleno, Espinoza calificó la sanción como “injusta” y aseguró que forma parte de una maniobra política para presionarla. Cuestionó que varios congresistas no asistieran presencialmente al debate y afirmó que la denuncia busca perjudicarla por investigaciones que resultaban incómodas para quienes aspiran a la reelección en 2026.
“Me quieren forzar a doblegarme. No soy política, soy fiscal de carrera con más de 30 años”, sostuvo.
También señaló haberse enfrentado a un “poder oscuro” dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Aseguró que resistirá la sanción y advirtió que “tarde o temprano” volverá.
Defensa legal cuestiona imparcialidad
El abogado Rodolfo Pérez, defensor de la exfiscal, indicó que la acusación se sustenta en un reglamento elaborado por el fiscal interino Juan Carlos Villena, quien fue absuelto de responsabilidad. Esto, señaló, representa un posible conflicto de intereses.
Durante su exposición en el Congreso mostró un código QR con la lista de parlamentarios que votaron por la inhabilitación y que mantienen carpetas fiscales en trámite, lo que —según dijo— pone en duda la imparcialidad del proceso.
Congresistas justifican la sanción
En contraste, legisladores como Jorge Montoya y Eduardo Salhuana defendieron la decisión del Parlamento. Montoya afirmó que Espinoza actuó de manera “desproporcionada y beligerante”, mientras que Salhuana aseguró que la exfiscal abrió investigaciones incluso basadas en denuncias anónimas cuyos supuestos autores luego negaban haber presentado.
Ambos coincidieron en que era necesario “detener esa conducta” para proteger el equilibrio entre poderes.
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